El interno Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, presentó un hábeas corpus ante el Poder Judicial para intentar frenar su eventual traslado desde el penal Ancón I.
La medida se dio en medio de un operativo del INPE contra La Confederación, una alianza criminal que, según investigaciones policiales y fiscales citadas en Punto Final, habría conectado a integrantes de distintas organizaciones para seguir operando desde prisión.
Agentes penitenciarios ingresaron a los pabellones para identificar a los internos comprendidos en el operativo y ejecutar las medidas de traslado. El objetivo, según las autoridades, es separar a los presuntos integrantes de la estructura y evitar que mantengan coordinaciones ilícitas desde sus celdas.
Las cámaras del programa Punto Final, de Latina, captaron a Lucano Cotrina durante la intervención. Según la narración del reportaje, el interno intentó pasar desapercibido entre los demás reclusos mientras los agentes avanzaban.
En el relato del programa, Lucano Cotrina llegó a intercambiar su polo con el de otro interno y aprovechó el movimiento en el patio para intentar evitar ser identificado. El caso volvió a cobrar relevancia después de que su defensa recurriera a la vía judicial para cuestionar sus condiciones de reclusión ante un eventual cambio de penal.
De acuerdo con la documentación mencionada en el reportaje, el 5 de octubre la defensa de Adam Smith Lucano Cotrina presentó un recurso de hábeas corpus para cuestionar sus condiciones de reclusión. Entre los argumentos se mencionaron problemas de salud y solicitudes relacionadas con su permanencia en el pabellón ante un posible traslado.
En menos de 24 horas, la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla admitió a trámite el recurso. El juzgado dispuso notificar al director del penal Ancón I para que respondiera a los hechos denunciados dentro de un plazo de 48 horas desde que recibiera la notificación.
La admisión a trámite no significa que el recurso haya sido declarado fundado ni que el traslado haya quedado definitivamente impedido. La resolución final dependerá de lo que determine la autoridad judicial competente.
El INPE avanzaba con una estrategia para separar a internos que, según las investigaciones, estarían relacionados con La Confederación. El recurso abrió así un frente judicial en paralelo a las medidas de seguridad penitenciaria.
Abraham Lescano, director del INPE, se refirió a las acciones legales presentadas por algunos internos en medio de las intervenciones y traslados. El funcionario sostuvo que estas medidas forman parte de las estrategias que, según su evaluación, algunos reclusos utilizan para intentar alterar las decisiones penitenciarias.
«Lamentablemente, parte de la estrategia de ellos también criminal es generar también una serie de dispositivos legales que puedan manejar sus abogados o las personas con las que ellos contratan, justamente para interponer estos tipos de acciones legales y tratar de evitar o alterar cualquier situación que nosotros ya tenemos [...] planificando para fortalecer la seguridad», declaró Abraham Lescano.
El funcionario explicó que los traslados implican medidas especiales debido al nivel de seguridad previsto para los internos comprendidos en el operativo. «Bueno, están yéndose a un régimen, eh, de máxima seguridad, ¿no? Por lo cual nos ha demandado también establecer todo un perímetro de seguridad para el traslado. Esto es parte del comando unificado», señaló.
El INPE también anunció que reforzará las labores de inteligencia y contrainteligencia para identificar posibles vulnerabilidades en los controles penitenciarios, especialmente ante el ingreso de celulares y otros equipos.
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