El gobierno nacional decidió eliminar el capítulo más polémico de su proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" que había ingresado al Congreso, tras comprobar que no tenía los votos necesarios en el Senado para su aprobación.
La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, incluía un artículo que eliminaba la suspensión de desalojos en todos los casos y establecía un juicio sumarísimo para expulsar rápidamente a quienes ocupen terrenos o no paguen alquileres.
La medida había generado fuerte resistencia no solo en la oposición tradicional, sino también entre legisladores que habitualmente acompañan iniciativas oficialistas. La Iglesia católica y ONGs como Techo expresaron su preocupación por considerar que se trataba de un intento para erradicar las villas en todo el país.
El capítulo eliminado ponía en riesgo el Régimen de regularización dominial creado por la ley 27.453, aprobada por unanimidad en 2018 y modificada en 2022, que declara de interés público la integración urbana y suspende los desalojos en barrios populares.
Según el relevamiento oficial, existen 6.467 barrios populares en todo el país con más de cinco millones de habitantes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires se concentra la mayor cantidad de estos asentamientos, muchos de los cuales se conformaron hace más de 20 años.
La ley vigente permitió entregar 868.991 certificados de vivienda familiar, de los cuales 13.038 fueron otorgados durante la actual gestión. Además, habilitó obras de integración socio urbana en las 23 provincias y CABA a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Un dossier eclesiástico advertía que "la eliminación de la suspensión de desalojos rompe las condiciones mínimas de estabilidad necesarias para cualquier proceso de regularización dominial" y enfatizaba que la norma actual "evita desplazamientos masivos de familias".
El FISU, que financiaba las obras de integración, se nutría de un porcentaje del impuesto PAIS que fue eliminado por el actual gobierno sin ser reemplazado por otra fuente de financiamiento, lo que llevó al abandono de más de 1.200 proyectos que incluían servicios en 24 mil lotes y 250 mil mejoras habitacionales.
Desde el oficialismo argumentaron que durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando el área estaba a cargo de Fernanda Miño -cercana a Juan Grabois-, se hacía un uso político de las obras que además eran fuente de corrupción.
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