El Gobierno nacional estableció nuevas alícuotas para el Derecho de Exportación aplicables a productos agrícolas y biocombustibles, en una medida que impactará directamente en la economía del AMBA, donde operan las principales cerealeras y comercializadoras del país.
Por medio del Decreto N° 423/2026 publicado en el Boletín Oficial, se dispuso una reducción de la alícuota del derecho de exportación para mercaderías de las cadenas de granos de soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada. La medida comenzó a regir desde el 4 de junio para ciertos productos.
La reducción también alcanza a productos del biodiésel, incluyendo los obtenidos de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, llevándolos a niveles equivalentes a los de la exportación de aceites para diversificar y ampliar mercados.
El esquema contempla una implementación gradual dividida en tres anexos. Mientras que las mercaderías del primer anexo ya pagan los nuevos porcentajes, los sectores de los anexos II y III tendrán una reducción mes a mes, con cálculos específicos según el período de embarque.
Para el sector agroindustrial del Gran Buenos Aires, donde se concentran empresas como Cargill, ADM y Bunge en puertos como Ramallo y San Nicolás, la medida representa un alivio fiscal significativo que podría traducirse en mayor competitividad exportadora.
El Poder Ejecutivo argumentó que la transformación de la política económica requiere "adoptar medidas que permitan optimizar el uso de los recursos del Estado" para acompañar el programa de estabilización macroeconómica iniciado en diciembre de 2023.
La medida se enmarca en los antecedentes de los Decretos 526/25 y 877/25, que ya habían reducido de forma permanente los derechos de exportación de los complejos mencionados, buscando mejorar la situación económica de todos los actores de las cadenas de valor.
El Gobierno sostuvo que los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo que debería eliminarse y que, en la medida en que el superávit fiscal lo permita, se irán reduciendo gradualmente hasta su desaparición total.
La administración de Javier Milei destacó al sector agroindustrial como una de las principales fuentes de generación de divisas, desarrollo regional y empleo, remarcando que se trata de un programa gradual, previsible y verificable para brindar certidumbre e incrementar la producción.
El esquema diferenciado contempla dos cronogramas: uno de aplicación inmediata para cultivos de invierno, dada la proximidad de la siembra, y otro para los de verano. Estos períodos fueron diseñados para que las reducciones estén vigentes al momento de la comercialización, sin comprometer el equilibrio fiscal.
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