Sin señales claras de reactivación económica, el Gobierno acelera su reforma laboral con una movida que promete generar tensiones. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, convocará esta semana a gremios y cámaras empresarias para renegociar más de 100 convenios colectivos vencidos, aprovechando el nuevo marco legal que le otorga mayor poder de intervención.
Los decretos 407 y 408 de la semana pasada reglamentaron aspectos clave de la reforma laboral que apuntan a descentralizar la negociación colectiva, promover convenios por empresa y reducir aportes a los sindicatos. La normativa establece que Trabajo debe citar a las partes para renegociar convenios vencidos dentro de los 30 días de entrada en vigencia.
"Estamos analizando hacerlo esta semana", confirmaron fuentes oficiales. En una primera etapa, la convocatoria abarcará a representantes de trabajadores y empleadores de más de un centenar de sectores, en lo que constituye la mayor revisión de convenios colectivos de los últimos años.
La estrategia oficial aprovecha la eliminación de la ultraactividad de los convenios, que hasta ahora permitía que los acuerdos siguieran vigentes sin necesidad de ratificación. La reglamentación del artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral estableció que durante un año, la Secretaría puede convocar a negociar acuerdos vencidos, exponiendo a la mayoría de las actividades a revisión sin prórroga automática.
Dentro de las cámaras del Grupo de los Seis (UIA, Comercio, Construcción, Bancos, Sociedad Rural y Bolsa de Comercio), reconocen que el objetivo es "negociar los convenios a la baja" y desarticular el esquema de financiamiento sindical. "Son costos que el Gobierno considera superfluos por entender que fortalecen a los sindicatos como institución", señalan desde el sector empresario.
En la CGT califican el decreto como "contradictorio" y advierten que si se abren todos los convenios, el riesgo de conflicto es grande. Hay particular malestar por la creación de un límite de retención a trabajadores por aportes solidarios: la ley estableció un 2% de tope sobre todas las remuneraciones, pero la reglamentación lo limita al 2% de los básicos, valores mucho más bajos.
La apuesta oficial incluye cambios profundos como la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, la eliminación de horas extras mediante el "banco de horas" y salarios atados a la productividad. Todo esto en un contexto de cierre de empresas: la semana pasada, Granja Tres Arroyos clausuró su planta en Entre Ríos, mientras el gremio del neumático movilizará este miércoles a Plaza de Mayo contra los cierres, incluido el de FATE.
El Gobierno argumenta que el nuevo esquema apunta a crear empleo formal, objetivo que hasta ahora no logró. Pese a la aprobación de la Ley Bases en julio de 2024, que eliminó sanciones a empresas que no registraron empleados, el empleo informal alcanzó 43% a fines de 2025, unos 9 millones de trabajadores. En dos años se perdieron más de 200.000 puestos asalariados privados, mientras los no registrados crecieron en 330.000.
Para los trabajadores del AMBA, esta reforma tendrá impacto directo en sectores clave como comercio, construcción, metalúrgicos y gastronómicos, que concentran gran parte del empleo en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La renegociación de convenios podría modificar condiciones laborales que rigen desde hace décadas en la región metropolitana.
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