La motosierra del presidente Javier Milei continúa su marcha sobre el empleo público con una nueva meta: reducir un 10% adicional de la dotación estatal antes de que termine 2026. El objetivo, que inicialmente apuntaba al primer trimestre, fue reprogramado ante la magnitud del desafío.
Según el Informe de Gestión N° 145 presentado por la Jefatura de Gabinete al Congreso, el Gobierno ya eliminó 56.250 puestos entre empresas públicas y organismos estatales desde diciembre de 2023. En las empresas públicas, la reducción alcanzó 18.278 empleados, mientras que en la Administración Pública Nacional (APN) se perdieron 37.972 cargos, equivalente a una contracción del 18,5%.
Para cumplir con la nueva meta del 10%, el Ejecutivo debería desplazar aproximadamente 17.000 agentes adicionales solo en la APN y otros 7.000 en empresas públicas. Sin embargo, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, aclaró que no existe una meta cuantitativa fija de despidos.
El criterio oficial se basa en un análisis detallado de cada área para identificar superposiciones de funciones o actividades que no corresponden al Estado nacional. Cuando se detectan estas situaciones, se procede a la discontinuación del área y la desvinculación del personal afectado.
Entre las empresas más afectadas, el Correo Oficial encabeza la lista con 4.891 empleados menos, pasando de 16.879 a 11.988 trabajadores. Le sigue la Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos), que redujo 3.941 puestos, y Aerolíneas Argentinas con 1.838 bajas.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ordenó a los ministerios reducir un 2% los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital para mantener el déficit cero. La medida genera incomodidad entre algunos ministros, quienes advierten que el margen para nuevos recortes sin desnaturalizar funciones clave es cada vez más estrecho.
El impacto de estas medidas se siente especialmente en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde se concentra gran parte de la administración central y las sedes de las principales empresas públicas. Los gremios estatales han expresado su preocupación por la continuidad de los servicios públicos esenciales en el área metropolitana.
La política oficial apunta a una adecuación funcional y racionalización organizacional, priorizando la eficiencia por sobre el ajuste por cupo. No obstante, el desafío de alcanzar la meta del 10% adicional sin comprometer servicios esenciales representa uno de los mayores retos de gestión para el segundo semestre del año.
Comentarios