El Gobierno nacional aceleró los procesos de privatización de dos empresas estratégicas para el Área Metropolitana de Buenos Aires: AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) y Belgrano Cargas, mediante la publicación de una resolución y un decreto que establecen los marcos regulatorios para ambas concesiones.
En el caso de AySA, se publicó el nuevo contrato que ordenará las condiciones bajo las cuales la empresa prestará el servicio de agua potable y cloacas a más de 15 millones de personas del AMBA. La compañía, que desde 2024 logró reducir su déficit y comenzó a cubrir sus costos operativos únicamente con ingresos tarifarios sin necesidad de subsidios estatales, deberá mantener ese modelo de sustentabilidad financiera.
La concesión tendrá una duración de 30 años con opción a una extensión adicional de 10 años. El nuevo esquema establece que la empresa concesionaria deberá elaborar un Plan de Acción cada 5 años con metas específicas de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio, reemplazando las actuales revisiones tarifarias anuales por revisiones quinquenales.
El objetivo central del nuevo marco regulatorio es elevar los niveles de cobertura de agua potable y servicios cloacales para alcanzar los promedios regionales en el menor tiempo posible. Para garantizar el cumplimiento, el contrato incorpora mecanismos precisos de control, auditoría y un sistema de multas, definiendo claramente las responsabilidades del Estado y de los entes reguladores ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y APLA (Agencia de Planificación).
El proceso de privatización contempla la licitación pública del 90% del paquete accionario estatal, mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores de la empresa, siguiendo el modelo de participación laboral implementado en otras privatizaciones del actual gobierno.
Paralelamente, el Decreto 282/2026 estableció el destino de los fondos que se obtengan por la venta del material rodante de Belgrano Cargas y Logística S.A. Estos recursos, provenientes de la venta de vagones, locomotoras y otros bienes ferroviarios, serán asignados a una cuenta fiduciaria específicamente destinada al financiamiento de obras sobre las vías del ferrocarril.
El mecanismo utilizará el fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, instrumento que forma parte del sistema empleado para proyectos de infraestructura vial y ferroviaria. El Ministerio de Economía quedó facultado para adoptar las medidas necesarias y firmar las enmiendas contractuales pertinentes para concretar esta asignación de fondos.
La normativa también instruyó a la Secretaría de Transporte a incluir en la documentación licitatoria para las concesiones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza la identificación precisa del material rodante que será incorporado en los procesos de concesión de vías y sus inmuebles aledaños.
Estas medidas se enmarcan en el plan de modernización del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir el déficit fiscal mediante la transferencia al sector privado de empresas públicas consideradas no estratégicas, manteniendo marcos regulatorios que garanticen la calidad del servicio y la sustentabilidad económica de las operaciones.
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