En el ámbito académico se lo conoce como cherry picking: elegir intencionadamente los datos que respaldan un argumento e ignorar los que lo contradicen. Aunque es un ardid habitual en la política, la presentación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, la semana pasada en la Comisión de Presupuesto de Diputados, llevó el recurso casi al extremo.
La Secretaría de Educación elaboró un discurso, respaldado por diapositivas, destinado a justificar el ajuste de los últimos años y presentarlo como una política de gasto responsable e inteligente. Los datos exhibidos no son falsos, pero muestran solo una parte de la realidad.
El ejemplo más notable apareció al presentar la evolución de la inversión educativa del Estado nacional. Entre 2023 y 2025, la inversión cayó un 47,2%, la mayor reducción desde 1992.
En ese mismo período, la inversión pasó del 1,42% al 0,78% del PBI, su mínimo histórico. Ambos datos son verdaderos.
Pero el Gobierno eligió otro indicador: la participación de la educación dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional en los últimos 20 años. Desde esa perspectiva, la reducción fue de apenas dos puntos porcentuales, una caída que parece mucho menos significativa.
El dato también es verdadero. Pero que la educación haya perdido relativamente poco peso dentro del presupuesto nacional no significa que no haya sufrido un fuerte ajuste. Significa, simplemente, que el resto del Estado también fue fuertemente recortado. La elección del indicador cambia así la percepción del problema.
Una segunda recolección de cerezas apareció con los resultados de la prueba Aprender de 6° grado de 2025. El secretario destacó que fueron los mejores en Lengua de la última década.
La mejora fue de más de 10 puntos porcentuales en rendimientos satisfactorios respecto de 2023. Los datos son verdaderos, pero necesitan contexto.
La tendencia de mejora arrancó en 2016 y el bajo desempeño de 2023, cuya explicación todavía no está clara, condiciona la comparación. Aquella última evaluación fue tomada durante el gobierno anterior, mientras que sus resultados fueron procesados por la actual gestión.
Además, Torrendell atribuyó la mejora en Aprender a la política oficial de reasignación del gasto, que privilegia el Plan Nacional de Alfabetización. Esa relación causal no está demostrada: el mismo informe de Aprender aclara que no se puede atribuir causalidad entre los desempeños obtenidos y el plan de alfabetización.
El plan se enfoca en los primeros tres grados de la Primaria, mientras que la prueba Aprender se tomó en 6° grado.
Después llegó el capítulo universitario. Allí el Gobierno puso el foco en las bajas tasas de graduación y las trayectorias educativas excesivamente prolongadas. Son problemas reales, pero el diagnóstico queda incompleto cuando se omiten características fundamentales del sistema.
La universidad argentina tiene ingreso irrestricto, una política que amplía las oportunidades de acceso a la educación superior, aunque también convive con niveles elevados de abandono, sobre todo en el primer año. A eso se suman las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y la necesidad de muchos de ellos de combinar estudio y trabajo.
Nada de esto elimina los problemas de eficiencia y graduación, pero resulta indispensable para comprenderlos y pensar soluciones. No hubo mención a la caída de más de 40% en investigación científica en estos años y al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Son cuestiones difíciles de dejar afuera de cualquier balance sobre la situación de la educación superior.
Está claro que el Congreso es el lugar de la política. El Gobierno tiene argumentos para defender prioridades como alfabetización y matemática, pero una selección radical de datos complica la discusión.
Con información de: Clarín - Último Momento.
Comentarios