El gobierno nacional echó a Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo, del organismo que hoy se conoce como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se desempeñaba como empleado de planta permanente desde hace más de tres décadas.
La decisión se formalizó este lunes mediante una resolución que invoca la condena judicial que pesa sobre Echegaray: cuatro años y ocho meses de prisión por el caso "Oil Combustibles", una sentencia que su defensa está apelando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Conforme lo previsto en el artículo 10 del Régimen Disciplinario Unificado de ARCA: 'Son causales para imponer exoneración. (...) 7.- Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública'", fundamentó el organismo en su resolución.
Echegaray construyó una extensa carrera en la administración pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En 2004 asumió como director general de la Aduana, tres años después fue designado presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y desde 2009 ocupó la titularidad de la AFIP, el cargo más relevante de su trayectoria.
Tras la salida del kirchnerismo del poder en 2015, el ex funcionario logró mantenerse en la estructura del Estado como empleado de planta permanente de la Aduana. En los últimos años se desempeñaba en una oficina del organismo vinculada al sector automotriz, un área considerablemente menos visible que sus anteriores responsabilidades.
La remoción de Echegaray se enmarca en la política del gobierno de Javier Milei de depurar la administración pública de funcionarios con causas judiciales. El caso "Oil Combustibles" involucra irregularidades en el régimen de promoción de biocombustibles durante la gestión kirchnerista, un expediente que la Justicia viene investigando desde hace varios años.
Para el sector sindical de ARCA, la decisión genera un precedente sobre el tratamiento de empleados con condenas judiciales pendientes de resolución definitiva. La medida también refleja la continuidad de la tensión política entre el actual gobierno y los cuadros técnicos heredados de administraciones anteriores.
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