La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín declaró inadmisible el recurso de casación de la defensa del exministro de Transporte bonaerense, Jorge Alberto D’Onofrio, y ratificó su envío a juicio oral por presunto lavado de activos agravado.
El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández, desestimó los argumentos de la defensa, que buscaba revertir el rechazo a un planteo de inconstitucionalidad y el pedido de sobreseimiento.
La presentación había llegado a la Cámara mediante un recurso de queja, alegando una supuesta “arbitrariedad” en decisiones previas. Para los magistrados, la resolución impugnada no es una sentencia definitiva y se apoya en la mera disconformidad subjetiva de las partes.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, elevó a juicio el expediente que investiga a D’Onofrio y al exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio, por presunto lavado de activos agravado.
La hipótesis central apunta a la adquisición de un Audi Q8. Según el juzgado, el 19 de octubre de 2023, Asensio inscribió el rodado a su nombre ante una seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por $30.000.000, aunque el seguro contratado estableció una cobertura de $173.800.000.
Para el Ministerio Público Fiscal, a pesar de la inscripción, el uso, dominio y disposición del vehículo corresponderían a D’Onofrio. El requerimiento cita la emisión de una cédula azul que lo autoriza a conducir desde la fecha de compra, con la registración y pago del Telepase a su nombre.
La instrucción sostiene que los recursos estarían vinculados a hechos investigados en el Departamento Judicial de La Plata por supuestos fraudes, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Se trata de otra causa por una maniobra irregular con fotomultas y el sistema de Verificación Técnica Vehicular.
El fiscal Álvaro Garganta investiga una presunta red de gestores que ofrecía descuentos de hasta 50% para reducir o eliminar fotomultas. La pesquisa también abarca la adjudicación de concesiones de la VTV a siete empresas que habrían contratado servicios de una firma vinculada a funcionarios del ministerio.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada en octubre de 2023 y analiza documentación, movimientos patrimoniales y contratos oficiales. El proceso, tramitado en Campana y con inscripción del vehículo en la Ciudad, muestra una red de controles que cruza jurisdicciones.
La decisión judicial confirma que la investigación sobre el Audi Q8 y los recursos vinculados a la VTV y las fotomultas continuará su curso en el proceso penal. La defensa había pedido el sobreseimiento, pero la Cámara entendió que el planteo no alcanzaba para revertir la elevación a juicio.
Con información de: Infobae, fuente principal.
Comentarios