La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con un objetivo claro: derogar el DNU 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía.
El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en la Cámara baja significaría su derogación definitiva. Si eso ocurre, una serie de regulaciones que hoy están caídas volverían a tener fuerza de ley.
El detonante fue el fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154, el que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La resolución tomó por sorpresa al Gobierno y reavivó el debate sobre la validez de todo el texto, compuesto por 366 artículos.
En agosto de este año, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales y también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la consecuencia más directa sería la reinstauración de la Ley de Alquileres. El DNU 70 la derogó al inicio de la gestión de Milei, desregulando los contratos de locación y liberando las condiciones de actualización.
Si el decreto cae, la normativa anterior retornaría automáticamente, con sus plazos mínimos de tres años y sus mecanismos de ajuste semestral por el índice Casa Propia.
El megadecreto también eliminó los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que hasta entonces debían solicitar autorización estatal para aumentar sus cuotas. La caída del DNU implicaría retornar a ese esquema de intervención, con el Estado como árbitro de los incrementos del sector.
El DNU 70/23 ordenó transformar empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó Milei. Si cae, volverían a regir Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta, y se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
El megadecreto, además, incluyó disposiciones que autorizaban la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, total o parcialmente, a sus trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Si el decreto es derogado, esa habilitación legal desaparecería, lo que complicaría cualquier proceso de privatización o traspaso que el Gobierno impulse por esa vía.
Dos herramientas de intervención quedarían reinstauradas. La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, por su parte, obligaba a los supermercados a reservar espacios en las estanterías para productos de pequeñas y medianas empresas y a exhibir precios de manera transparente.
El DNU 70 desreguló los servicios de internet satelital, lo que permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Un rechazo en Diputados pondría en un limbo jurídico ese marco, con potencial impacto sobre las condiciones de operación de esas empresas.
Otra norma que recuperaría vigencia es la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para los bienes y servicios de origen argentino en las licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU la había derogado como parte de la apertura al comercio exterior.
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