La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones la denominada Ley Hojarasca, un proyecto del Gobierno que busca eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, inútiles o desactualizadas del ordenamiento jurídico argentino.
Entre las leyes que propone derogar figuran desde una norma que castigaba a quienes ordenaran aplicar azotes hasta otra que regulaba las competencias de palomas mensajeras, pasando por el carnet obligatorio para mochileros, la llamada "Ley del Lobizón" y los descuentos en pasajes para artistas teatrales.
El proyecto había sido presentado originalmente en 2024 con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. Sin embargo, no llegó a tratarse en el Congreso. El 25 de marzo de este año, el Gobierno lo volvió a presentar, esta vez con la firma del nuevo ministro coordinador Manuel Adorni.
La sesión de este miércoles estuvo marcada por las acusaciones de la oposición hacia el oficialismo de haber utilizado el proyecto para bloquear el tratamiento de otro que buscaba interpelar al jefe de Gabinete por las causas en las que se lo investiga por un supuesto enriquecimiento ilícito.
Durante el debate, quedaron en el camino algunas "desregulaciones" como la Ley 20.959 que otorga a senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras una credencial personal que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento.
Según sostiene el Gobierno, el proyecto "apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales". En la fundamentación del texto, citan el viejo adagio: "cuantas más leyes menos Justicia", un proverbio que consideran especialmente relevante cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad.
El proyecto ahora pasa al Senado para su tratamiento y posible sanción definitiva. De aprobarse, representaría un paso más en la agenda desregulatoria del gobierno de Milei, que desde el inicio de su gestión ha impulsado la eliminación de normativas que considera innecesarias o contraproducentes para el funcionamiento del Estado.
Esta iniciativa se enmarca en la política de "motosierra al Estado" que caracteriza la gestión libertaria, buscando simplificar el entramado normativo y reducir la burocracia estatal. Para los defensores del proyecto, se trata de una medida de sentido común que permitirá un ordenamiento jurídico más eficiente y menos engorroso.
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