El oficialismo consiguió ayer el dictamen favorable en Diputados para la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las exigencias clave del gobierno de Donald Trump para firmar el acuerdo comercial bilateral. Sin embargo, la aprobación incluyó modificaciones que obligan al proyecto a regresar al Senado.
En una reunión plenaria de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, los libertarios lograron avanzar con este convenio que Argentina suscribió en 1970 pero que permanecía sin tratamiento desde 1998, cuando obtuvo media sanción en la Cámara alta.
La negociación estuvo trabada durante meses porque los laboratorios nacionales se oponían al Capítulo II del tratado, que elimina resoluciones sobre criterios de patentamiento de biotecnología y productos farmacéuticos. Esta resistencia del sector privado local generó un conflicto que amenazaba con hacer naufragar toda la iniciativa.
La presión temporal era extrema: al firmar el acuerdo con Trump en febrero, el presidente Javier Milei se había comprometido a ratificar el tratado antes del 30 de abril. El incumplimiento de ese plazo puso en riesgo las negociaciones comerciales con Estados Unidos, según reconocieron fuentes oficiales.
Para destrabar la situación, la Casa Rosada accedió a dejar en reserva el controvertido Capítulo II, una concesión que permitió sumar los votos necesarios de los bloques aliados. Esta decisión estratégica refleja las dificultades del gobierno para equilibrar las presiones externas con los intereses sectoriales locales.
El dictamen de mayoría obtuvo 57 avales de diputados de La Libertad Avanza, la UCR e Innovación Federal. Sin embargo, el PRO firmó en disidencia porque considera que debe sancionarse sin reservas, tal como salió del Senado en los '90. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) adoptó una posición similar, mientras que Unión por la Patria presentó dictamen de rechazo.
Martín Menem, presidente de la Cámara baja, ya prepara una sesión para el próximo miércoles que incluirá no solo este tratado sino también la Ley Hojarasca. Si el Senado aprueba esta semana el pago de US$ 171 millones a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, también será tratado en Diputados.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, intentó calmar las aguas al asegurar que "el acuerdo comercial con Estados Unidos no está caído", pese al incumplimiento de los plazos pactados. Esta declaración busca mantener vivas las expectativas sobre un tratado que podría significar un salto cualitativo en las exportaciones argentinas.
Según había explicado el ministro Federico Sturzenegger, la ratificación de este tratado "permitirá que una patente presentada en Argentina otorgue una protección global por 30 meses", lo que facilitaría la inserción de empresas locales en cadenas globales de innovación.
Ahora el proyecto regresa al Senado, que deberá decidir si acepta las modificaciones introducidas por Diputados o ratifica la versión original sancionada durante el gobierno de Carlos Menem. Esta decisión será clave para definir el futuro de las relaciones comerciales con Washington y el impacto sobre la industria farmacéutica nacional.
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