El operativo de traslado de presos desde Villa Devoto al nuevo módulo del penal de Marcos Paz ya está en marcha, con más de 300 detenidos llevados hasta el momento.
Según Clarín, el procedimiento se desarrolló con un estricto dispositivo de seguridad y camionetas de traslados que rodearon el edificio durante la mudanza.
La Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso un habeas corpus para exigir el cumplimiento de los protocolos, pero el juez Santiago Bignone solicitó informes a varios organismos.
En la audiencia del domingo a la noche, el magistrado pidió informes al Ministerio de Seguridad, al Servicio Penitenciario Federal, a la UBA y a los juzgados de ejecución penal.
El lunes continuaron los traslados y Clarín accedió a imágenes de los pabellones vacíos en el penal de Devoto.
Desde el Ministerio de Seguridad calificaron el operativo como histórico y de gran magnitud, preparado por el SPF con medidas de seguridad y coordinación.
La logística oficial incluyó 3000 bolsones precintados, monitoreo por GPS, triaje médico, pulseras con código QR, 224 teléfonos públicos y un canal de consultas por WhatsApp.
Según la información oficial, se seleccionaron presos con problemas de salud para encabezar los traslados, aunque Clarín pudo saber que primero mudaron a los internos de los pabellones de conducta 50 y 52.
"Están sin elementos de higiene, les dieron tres papeles higiénicos, tampoco les dieron sus cosas. No les permiten ingresar al patio, están encerrados en un pabellón colectivo porque dicen que no encuentran las llaves. Sin elementos de abrigo, la situación y las condiciones son graves", denunció Solange Carballes, abogada de uno de los trasladados.
Organismos de derechos humanos y de monitoreo penitenciario advirtieron que el procedimiento comenzó de forma intempestiva y sin aviso previo a familiares, defensas oficiales ni magistrados a cargo de las causas.
La controversia judicial se intensificó por un habeas corpus colectivo de la PPN, que advierte sobre la violación del Protocolo de Traslados del propio SPF.
"El protocolo exige notificar a los juzgados y defensas con un mínimo de 72 horas de anticipación y prohíbe el traslado de personas con salidas transitorias y de estudiantes universitarios cuando no se garantice la continuidad de sus carreras", expresaron a Clarín desde la PPN.
"También prohíbe trasladar, entre otros, a estudiantes universitarios cuando no se pueda garantizar que sigan sus estudios, y a quienes tienen salidas transitorias. Sin embargo, y paradójicamente, se iniciaron los traslados con estudiantes del Centro Universitario Devoto y personas con salidas transitorias", agregaron.
Según trascendió, los juzgados de ejecución penal también habían solicitado que los estudiantes fueran los últimos en ser trasladados para terminar el ciclo y que fueran llevados a Ezeiza, donde hay un centro universitario.
Además, advirtieron que un funcionario de la PPN intentó ingresar a Devoto a entrevistar a los internos, pero que no se les permitió.
El conflicto dejó a la vista una tensión entre la logística oficial y las denuncias de falta de higiene y pertenencias, mientras se recogen los informes solicitados.
Con información de: Clarín, Último Momento.
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