Tres mujeres de nacionalidad peruana fueron detenidas el sábado 9 de mayo en el barrio porteño de Constitución cuando efectivos de la Policía de la Ciudad las sorprendieron vendiendo cocaína en plena vía pública. El operativo reveló que las tres tenían situaciones migratorias irregulares de distinta gravedad.
El procedimiento se desarrolló en la calle Lima al 1400, cuando un policía observó a las mujeres en plena transacción de estupefacientes con un grupo de hombres. Al dar la voz de alto, los compradores huyeron corriendo, pero las vendedoras permanecieron en el lugar.
Durante la requisa, los efectivos encontraron que una de ellas portaba en un morral 15 envoltorios de cocaína y 215.000 pesos en efectivo, evidencia que confirmó la actividad de narcomenudeo en una zona conocida por este tipo de delitos.
La Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, intervino inmediatamente en el caso. Las mujeres fueron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que el auxiliar fiscal Carlos Caputto solicitó medidas cautelares.
La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, hizo lugar al pedido fiscal y dictó prisión preventiva para el trío, considerando tanto la gravedad del delito como sus antecedentes migratorios.
El informe solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones reveló el complejo panorama legal de las detenidas. Una de ellas había sido expulsada del país en dos oportunidades anteriores, lo que constituye una violación grave a las normativas migratorias.
La segunda mujer presentaba una situación igualmente complicada: tenía una orden de expulsión vigente, prohibición de reingreso al territorio argentino y antecedentes penales por daños y exhibiciones obscenas. La tercera, en una situación menos grave pero también irregular, tenía su residencia vencida.
Fuentes de la investigación confirmaron que las tres mujeres quedarán a disposición de la Justicia y que serían nuevamente expulsadas del país una vez que se resuelva su situación procesal por el delito de narcotráfico.
El caso pone de manifiesto la problemática del narcomenudeo en Constitución, uno de los barrios porteños con mayor actividad de venta callejera de drogas, y la vinculación frecuente entre delitos contra la salud pública y situaciones migratorias irregulares.
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