Una investigación judicial destapó un esquema de coimas del 10% al 15% para obtener permisos de importación durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa conducía el Ministerio de Economía. La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo con Franco Picardi como fiscal, reveló operaciones por más de US$ 3,5 millones en sobornos.
El sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) fue implementado en octubre de 2022 por el entonces gobierno, con Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio. Paradójicamente, la medida que buscaba evitar "avivadas" y generar transparencia en el acceso al dólar oficial se convirtió en una fuente de corrupción.
La investigación, que mantiene secreto de sumario hasta este jueves, identificó al menos cuatro empresarios que habrían aceptado pagar los porcentajes exigidos para obtener las autorizaciones. Según fuentes judiciales, se trata de importaciones reales, no simuladas, lo que agrava la situación al involucrar operaciones comerciales genuinas.
Entre los imputados figuran cinco funcionarios del BCRA del área de Supervisión de Entidades No Financieras: Fabián Violante (gerente principal), Diego Volcic y María Valeria Fernández (inspectores jefe), y Analía Jaime y Romina García (inspectoras generales). También están procesados los dueños de casas de cambio Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
El fiscal Picardi realizó casi 30 allanamientos y pidió informes urgentes a la Aduana, Secretaría de Comercio y Banco Central. Además, solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas involucradas en la trama.
La investigación comenzó por una denuncia de Hauque contra Piccirillo, acusándolo de plantarle pruebas para evitar pagarle una deuda de US$ 6 millones. De esa disputa inicial se derivó el descubrimiento del esquema de coimas en el sistema SIRA.
Este escándalo pone bajo la lupa el funcionamiento de los controles cambiarios durante la gestión de Massa, quien implementó múltiples restricciones para frenar la brecha cambiaria del 100% que existía entre el dólar oficial y los alternativos. La ironía es que un sistema diseñado para combatir maniobras especulativas terminó siendo utilizado para extorsionar a empresarios legítimos.
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