Un capítulo histórico se cerró este miércoles en uno de los casos criminales más resonantes del país. Los tres fiscales que investigaron el asesinato de Nora Dalmasso fueron destituidos por negligencia grave, desidia y mal desempeño de sus funciones, según los fundamentos del veredicto del jury de enjuiciamiento.
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro condujeron durante casi dos décadas una investigación que se caracterizó por apuntar sistemáticamente a la familia de la víctima, mientras ignoraron al verdadero sospechoso que tenía frente a sus narices.
El caso que conmovió al país comenzó el 25 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue violada y asesinada en su casa de Río Cuarto. Durante años, los fiscales sostuvieron hipótesis que hoy parecen un desquicio: desde un albañil hábil trepando andamios hasta relaciones incestuosas con su hijo, pasando por sicarios colombianos contratados por su esposo.
La obsesión por culpar a la familia fue tal que dejaron pasar al parquetista Roberto Bárzola, señalado por los propios familiares desde 2007. Recién en 2024 se le extrajo sangre para cotejo de ADN, y el resultado fue contundente: sus rastros genéticos estaban en 10 puntos de la bata con la que ahorcaron a Dalmasso.
"La conducta que asumieron los tres fiscales enjuiciados reveló un patrón homogéneo de desidia en la toma de medidas efectivas para el esclarecimiento del hecho", indicaron en los fundamentos del jury. Los magistrados fueron lapidarios: "ninguno de ellos fue exhaustivo a la hora de analizar otras líneas de investigación".
El jury, que comenzó el 21 de abril y tuvo unos 40 testigos, concluyó que los fiscales "acogieron una conjetura y se mantuvieron en ella buscando únicamente elementos que la corroboraran", ignorando deliberadamente otras hipótesis.
Incluso un informe del FBI sugería la toma de ADN a Bárzola, pero cada fiscal a su turno decidió ignorar esa línea. La razón: la fiscalía ya se había "quemado" demorando al albañil Gastón Zarate, lo que provocó la recordada "marcha del perejilazo".
La ironía cruel del caso es que Bárzola ya pidió la prescripción de la acusación y por ahora viene ganando. Un juez y la Cámara le dieron la razón. La última esperanza de Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina es que la Corte local revierta esas resoluciones.
Di Santo estuvo a cargo entre 2006 y 2015, Miralles entre 2016 y 2017, y Pizarro entre 2017 y 2019. Todos siguieron siendo fiscales pese a los cuestionamientos que se recrudecieron con los años, hasta que finalmente la justicia los alcanzó.
Comentarios