La Policía de la Ciudad detuvo a tres personas tras una serie de diez allanamientos realizados en distintos barrios de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el marco de una investigación por una millonaria red de estafas virtuales vinculadas a inversiones fraudulentas en criptomonedas.
Los procedimientos fueron coordinados por la División Delitos Tecnológicos Complejos junto con efectivos de la Policía Bonaerense, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Rawson. También intervinieron los juzgados de garantías de Morón y La Matanza.
De los diez allanamientos, ocho se realizaron en la Ciudad -en los barrios de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda-, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en territorio bonaerense.
Durante los operativos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres señalados como presuntos responsables de las maniobras fraudulentas. Los investigadores secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias y 6.036 dólares en efectivo.
La investigación apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera. Los acusados ofrecían supuestas oportunidades de ganancias en acciones de empresas y activos digitales, mientras simulaban movimientos bursátiles a través de una aplicación apócrifa diseñada para engañar a las víctimas.
Este operativo se suma a una serie de 21 allanamientos realizados un mes atrás que permitieron desarmar el núcleo operativo de la organización criminal. En aquella oportunidad, los agentes secuestraron más de 172 mil dólares en efectivo y alrededor de 80 mil dólares en criptomonedas.
La causa se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, donde una mujer aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en 2023 luego de ser captada por los acusados. Durante el primer mes recibió supuestas ganancias que reforzaron la credibilidad de la maniobra, pero posteriormente nunca pudo recuperar el resto del dinero.
Según la investigación judicial, cuando las víctimas intentaban retirar los fondos, los responsables argumentaban supuestas restricciones administrativas del Banco Central para justificar las demoras y evitar las devoluciones. Mientras tanto, la aplicación ficticia continuaba mostrando movimientos financieros inexistentes para sostener el engaño.
La pesquisa ya tiene once imputados identificados y continúa bajo la coordinación de la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.
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