Mientras las autoridades intensifican la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético no autorizado en Bogotá, los responsables de la clínica clandestina enfrentan penas que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.
La víctima fue vista por última vez el miércoles 13 de mayo siendo cargada casi inconsciente por dos hombres hacia un vehículo, tras sufrir complicaciones durante una lipólisis láser realizada en un centro estético ilegal ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital colombiana.
Los involucrados en el caso —que incluyen a la propietaria del establecimiento, una enfermera venezolana, el falso médico responsable del procedimiento y quienes trasladaron a la paciente— podrían ser acusados de desaparición forzada, delito que en Colombia contempla penas de entre 26 y 45 años de cárcel.
El abogado penalista Saúl León explicó a El Tiempo que "el solo hecho de mantenerla desaparecida ya materializa ese delito" según la legislación colombiana. Además, si se comprueba la muerte de la paciente, los responsables enfrentarían cargos adicionales por homicidio doloso.
León también advirtió sobre la posible manipulación de grabaciones de cámaras de seguridad en la clínica, lo que derivaría en acusaciones por ocultamiento o destrucción de material probatorio, penado con entre seis y doce años de prisión.
Por su parte, el penalista Fabio Humar señaló que los hechos pueden configurar múltiples delitos, comenzando por lesiones personales debido a las complicaciones médicas sufridas por Toloza. También destacó que ofrecer procedimientos médicos sin habilitación profesional constituye una irregularidad grave en la prestación de servicios de salud.
Una pieza clave en la investigación es el vehículo con placas UCQ-340 en el que Toloza fue vista por última vez. El automóvil fue registrado por cámaras de peaje en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, durante la madrugada del 14 de mayo.
Según las investigaciones, el vehículo era utilizado regularmente por María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro Beauty Láser, y su pareja Edinson Torres. Sin embargo, el propietario legal es George Ramírez Cortázar, un comerciante de 33 años que posee un local de comidas cercano al establecimiento estético.
Ramírez Cortázar se presentó espontáneamente ante la Sijín para aclarar su relación con el vehículo, explicando que aunque estaba registrado a su nombre, había sido la pareja venezolana responsable del centro quien se lo había solicitado.
El caso pone en evidencia los riesgos de los procedimientos estéticos realizados en centros no autorizados, una problemática que afecta a miles de personas que buscan tratamientos de bajo costo sin considerar las consecuencias para su salud y seguridad.
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