Después de más de 26 años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logró desalojar un predio tomado en La Paternal en un operativo que dejó tres detenidos y reveló una conexión inesperada con uno de los episodios más polémicos de la muerte de Diego Maradona.
El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada entre San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, donde vivían varias familias. Al ingresar, las fuerzas policiales descubrieron que la toma era liderada por Diego 'Oso' Molina, el hombre que se volvió tristemente célebre en noviembre de 2020 por tomarse una foto con el cadáver de Diego Maradona mientras era velado en la casa de sepelios Pinier.
Fuentes del Gobierno porteño confirmaron que Molina fue condenado en 2021 por el delito de 'profanación de cadáver humano' y mostrar imágenes íntimas. La causa había sido impulsada por Matías Morla, abogado del Diez, y una de las hermanas del astro futbolístico.
El escándalo que convirtió a Molina en el 'hombre más odiado del país' ocurrió cuando, siendo empleado de la funeraria, se fotografió con el cadáver y envió la imagen a su familia. La foto se viralizó a través de una cadena de contactos, generando una bronca generalizada que trascendió el mundo del fútbol.
Según pudo reconstruir la investigación periodística, Molina ya vivía en el terreno usurpado de La Paternal al momento del escándalo. Tras la viralización de la foto, debió huir ante las amenazas de las barras de Boca Juniors y Gimnasia de La Plata. Incluso hinchas de Argentinos Juniors lo buscaron en el barrio sin encontrarlo, y el club lo expulsó como socio.
La funeraria Pinier lo despidió inmediatamente junto a Claudio Fernández, otro empleado que también se había fotografiado con el cuerpo. Molina había llevado a trabajar a la casa velatoria a varios vecinos del conventillo ahora desalojado, ya que había comenzado en el rubro funerario a comienzos de los años 2000.
El conflicto por el predio se remonta a 1998, cuando la propietaria dejó a cargo del inmueble a una mujer y, al regresar años después, se encontró con que más personas vivían en el lugar. Desde entonces se desarrolló una puja legal donde los ocupantes acumularon denuncias y antecedentes, incluso algunos están imputados. Uno de los ocupantes sería delegado de ATE (Asociación Trabajadores del Estado).
Durante el operativo, personas que se acercaron al lugar denunciaron irregularidades. 'Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar', afirmó un testigo a LN+, quien agregó que se trataba de un 'procedimiento irregular sin notificaciones previas'. Otros vecinos aseguraron que había familias que pagaban por vivir allí creyendo que compraban la propiedad a quien se presentaba como el dueño legítimo.
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