El Gobierno de la Ciudad ejecutó este jueves el desalojo de un predio en La Paternal que permanecía ocupado ilegalmente por más de 100 personas desde el año 2000. La operación se desarrolló en el inmueble ubicado entre San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, una propiedad privada con sentencia firme de desalojo desde 2009.
La medida fue autorizada por Nancy Aron, titular del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad, debido al peligro de derrumbe que presenta la estructura. Según fuentes de la administración de Jorge Macri, los ocupantes impedían las inspecciones técnicas necesarias para evaluar el estado del inmueble.
El operativo comenzó en horas de la madrugada con la llegada de la Guardia de Auxilio porteña y efectivos policiales que cortaron el acceso a la cuadra. Durante el procedimiento se registraron incidentes menores cuando una mujer que se identificó como hija de una ocupante intentó ingresar al predio y fue impedida por las fuerzas de seguridad.
Un grupo de vecinos se congregó en el lugar para apoyar a los habitantes del predio y cuestionar la legalidad del procedimiento. "No hay una orden judicial. Acá hay gente discapacitada y niños", argumentaron los manifestantes, aunque las autoridades confirmaron que el desalojo cuenta con respaldo legal desde hace más de una década.
Las autoridades porteñas realizaron un censo de los ocupantes para determinar la cantidad exacta de personas afectadas y ofrecerles asistencia habitacional. El subsidio alcanza los $150.000 por persona y puede llegar a $227.000 para quienes posean Certificado Único de Discapacidad, con vigencia de un año.
El conflicto se remonta a 1998, cuando la propietaria del inmueble dejó a cargo del lugar a una mujer y al regresar años después encontró que había sido ocupado por múltiples familias. Desde entonces se desarrolló una extensa batalla legal en la que varios ocupantes acumularon denuncias y antecedentes penales. Entre ellos se encuentra un delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), según confirmaron fuentes oficiales.
Los ocupantes y sus defensores denunciaron irregularidades en el procedimiento y aseguraron que algunas familias habían sido estafadas por personas que se hacían pasar por propietarios legítimos del inmueble. "Hay familias que pagaban... Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad", declaró una de las personas que se acercó al lugar.
El caso refleja la complejidad de los conflictos habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires, donde la administración de Jorge Macri busca equilibrar el respeto a la propiedad privada con la asistencia social a las familias en situación de vulnerabilidad.
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