El diputado nacional Rodolfo Tailhade quedó en el centro de una nueva controversia tras revelar información privada sobre la familia del jefe de Gabinete Manuel Adorni durante una exposición en el Congreso. El Gobierno anunció que presentará una denuncia judicial por espionaje ilegal contra el legislador kirchnerista.
"Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar", declaró Adorni al justificar la decisión. El funcionario agregó que "todos los funcionarios están en peligro de ser espiados" y que el Gobierno "hará la denuncia correspondiente".
Tailhade había acusado a Bettina Ageletti, esposa de Adorni, de tener custodia oficial de la Policía Federal y usarla para llevar a sus hijos al colegio y asistir a un bar de madrugada. Se trata de datos privados sensibles cuyo seguimiento solo puede autorizar un juez.
El diputado kirchnerista tiene un extenso historial como operador de inteligencia durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Fue director de Contrainteligencia de la AFI entre 2014 y 2015, cargo al que accedió tras la salida de Antonio "Jaime" Stiuso de la SIDE.
Durante su paso por la Inspección General de Justicia (IGJ) entre 2013 y 2015, Tailhade prohibió la difusión de balances de empresas clave del entorno kirchnerista, incluyendo Hotesur y Los Sauces de los Kirchner, Austral Construcciones de Lázaro Báez y el Grupo Indalo de Cristóbal López.
En 2023, el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro lo denunció por el hackeo de sus chats privados. Un día antes de las filtraciones, Tailhade había anticipado que conocía conversaciones del funcionario. Los mensajes fueron encontrados en el celular del ex espía Gabriel Zanchetta, procesado por espionaje a jueces.
Tailhade también integró la Comisión Bicameral de Inteligencia junto a Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés, y fue uno de los principales promotores del intento de juicio político a la Corte Suprema durante el gobierno de Alberto Fernández.
El caso reabre el debate sobre el uso de aparatos de inteligencia con fines políticos y la protección de datos privados de funcionarios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país.
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