La cuota alimentaria no es un gesto de buena voluntad ni una ayuda opcional: es una obligación legal ineludible que padres y madres deben cumplir para garantizar los derechos fundamentales de sus hijos. Así lo recordó la Secretaría de la Mujer de Bogotá en una publicación que busca desterrar mitos sobre esta responsabilidad parental.
La entidad fue contundente al señalar que "no se trata de un favor ni de una ayuda voluntaria", sino de un mecanismo legal que asegura el acceso efectivo a derechos como la salud, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Esta obligación encuentra su fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que establece que los derechos de los menores prevalecen sobre los de los demás.
El incumplimiento de esta obligación acarrea consecuencias legales severas. Quienes no pagan pueden ser reportados en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), lo que afecta directamente su vida crediticia y el acceso a otros derechos civiles. Además, enfrentan procesos judiciales que pueden derivar en sanciones más graves.
Pero las implicancias van más allá de lo económico. La Secretaría advirtió que no pagar, hacerlo tarde o de manera incompleta constituye una forma de violencia económica que profundiza las desigualdades de género. Cuando uno de los responsables se desentiende, casi siempre una mujer debe asumir la totalidad de la carga económica y emocional de la crianza.
La inasistencia alimentaria se ha convertido en una de las principales causas de judicialización familiar en Colombia, afectando a miles de hogares. El problema trasciende las dificultades económicas inmediatas: convertir el dinero en una herramienta de presión o control genera un ciclo de violencia psicológica que impacta tanto en la madre como en los menores.
"Cuando se incumple la cuota alimentaria, no se está castigando a la otra persona adulta, sino que se está afectando el desarrollo, la salud y el futuro de una hija o un hijo", enfatizó la entidad. Esta perspectiva pone el foco en lo verdaderamente importante: el bienestar de los menores como prioridad absoluta.
El Estado colombiano ha establecido diversos mecanismos legales para combatir la morosidad alimentaria y proteger el derecho de los niños a una vida digna. Sin embargo, la Secretaría insistió en que la corresponsabilidad económica es indispensable para una crianza compartida y equitativa.
La publicación concluyó con un mensaje claro: "paternidad y maternidad responsables no pueden quedarse en palabras". Implican acciones concretas y un compromiso real con el bienestar de los hijos, donde garantizar la manutención es proteger derechos, promover el bienestar y avanzar hacia una sociedad más justa.
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