En una audiencia a puertas cerradas, agentes de Inteligencia de la Policía Federal Argentina contaron cómo se analizó un volumen enorme de comunicaciones telefónicas en el caso Cuadernos.
Los testigos declararon este martes ante el TOF 7, la Fiscalía, la querella y las defensas, y avalaron la legalidad del procedimiento realizado durante la instrucción.
Según relataron, el trabajo consistió en un entrecruzamiento de llamadas sobre muchas líneas y una década de registros, con comunicaciones que en algunos casos iban de 2003 o 2008 hasta 2015.
La medida de prueba fue pedida por el juez Claudio Bonadio y buscaba corroborar los encuentros anotados en los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.
En esas anotaciones figuraban lugares, horarios y fechas de reuniones entre empresarios y ex funcionarios para la entrega de coimas; en algunas ocasiones, Centeno anotó cifras del dinero entregado.
El juez instructor calificó esas anotaciones como una bitácora de la corrupción. El estudio sobre celdas de líneas permitiría determinar si coincidían las fechas y lugares consignados en los cuadernos.
La causa principal llevó al banquillo a 19 ex funcionarios, dos choferes y 65 empresarios, acusados de una asociación ilícita entre 2003 y 2015.
Durante ese período, se recaudaron sobornos de empresas de construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlas con la adjudicación de contratos estatales.
Las llamadas analizadas fueron entre funcionarios del Ministerio de Planificación, secretarios privados y empresarios proveedores del Estado, con el fin de acordar cómo y cuándo se pagaban las coimas.
La audiencia se realizó a puertas cerradas para resguardar la identidad del personal de inteligencia de la Fuerza Federal. Desde la semana pasada se comenzaron a tomar estas declaraciones en el marco del juicio.
El Ministerio Público Fiscal está representado por Fabiana León. Los testigos explicaron la metodología, los equipos tecnológicos y el software especial usado para cruzar los datos.
Una fuente judicial describió la medida como muy heterogénea: a veces se consultaba la frecuencia de las comunicaciones, otras la titularidad de las líneas y otras las comunicaciones efectivas entre abonados consignados en la orden judicial.
Los testigos indicaron cómo se cargaba la información, qué planillas se usaban y cómo se ingresaban los datos al software especial que permitía el entrecruzamiento y el producido final.
El análisis se hizo en dos tramos del expediente: la causa madre y el tramo de la cartelización de la obra pública. La cifra final, según los testigos, fue de miles y miles de comunicaciones estudiadas.
Los testigos contaron que el entrecruzamiento de llamados demandó mucho tiempo de trabajo. En algunas ocasiones se analizaron llamadas entre 2003 o 2008 hasta 2015.
El juez Bonadio pidió el detalle de líneas asignadas a las personas involucradas, información requerida a las empresas prestatarias del servicio y soporte técnico a organismos especializados.
La tarea buscaba determinar si las fechas y lugares de los encuentros anotados por Centeno coincidían con la ubicación de las celdas de las líneas de empresarios y ex funcionarios.
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