En una nueva maniobra judicial para proteger el patrimonio familiar, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para frenar el decomiso de bienes que había transferido a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
La estrategia de la expresidenta, quien cumple seis años de condena bajo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 en Recoleta, apunta a impugnar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que validó la recuperación de 19 propiedades en el marco de la causa Vialidad.
El abogado Carlos Beraldi fundamentó el recurso alegando una "grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva". Según la defensa, el tribunal realizó una interpretación extensiva del instituto del decomiso, contraria a la literalidad del artículo 23 del Código Penal.
El núcleo del conflicto radica en que la Justicia busca recuperar activos por un monto superior a los $684.000 millones, incluyendo propiedades que la expresidenta había cedido a sus hijos. Entre los bienes en disputa figuran 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, además de varios terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz.
La defensa sostiene que estas propiedades "fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas". Sin embargo, el TOF 2 las incluyó en el listado de activos a recuperar porque fueron adquiridas "dentro del período temporal delimitado por el Tribunal".
La Cámara de Casación ya había ratificado la recuperación efectiva de activos por corrupción, consolidando el criterio de que "los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados". Esta decisión marca un precedente clave en la lucha contra la corrupción en el país.
Beraldi argumentó que "no se ha producido una sola medida probatoria" que permita afirmar que los bienes de los hijos Kirchner son producto del delito enjuiciado. No obstante, Casación fue contundente: "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria".
El recurso ante la Corte Suprema representa la última instancia judicial para la familia Kirchner en su intento por conservar un patrimonio que, según la Justicia, tiene origen en la corrupción durante los gobiernos kirchneristas. La decisión del máximo tribunal será definitiva y podría sentar jurisprudencia sobre el alcance del decomiso en casos de corrupción.
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