La ex presidenta Cristina Kirchner perderá 20 inmuebles tras el fallo de la Cámara de Casación que ordenó ejecutar sus bienes en el marco de la condena por corrupción del caso Vialidad. Entre las propiedades se encuentra el hotel Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate, lindante a su residencia personal.
El decomiso alcanza la suma de $684.990.350.139,86 y será ejecutado para satisfacer la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal 2. La Corte Suprema de Justicia quedará a cargo de administrar estos bienes y definir su destino final, pudiendo destinarlos a los damnificados directos o indirectos de los hechos de corrupción.
Según el fallo, existió una "interconexión económica" entre Kirchner y Lázaro Báez, quien también perderá más de 80 bienes por la misma causa. Los magistrados sostuvieron que ambos se beneficiaron con la maniobra corrupta que involucró obra pública vial en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista.
La Sala IV de Casación respaldó la medida al considerar que el decomiso "no puede limitarse al valor simbólico de la condena" sino que debe traducirse en la "neutralización concreta del beneficio económico" obtenido mediante el delito. Para los jueces, es indispensable evitar que los activos derivados de la maniobra continúen produciendo efectos patrimoniales.
El listado de bienes da cuenta del incremento patrimonial que tuvo Báez mientras el gobierno kirchnerista lo favorecía irregularmente con obra pública vial. La maniobra incluyó competencia aparente, cartelización, sobreprecios en adjudicaciones y anticipos financieros otorgados a Austral Construcciones SA.
Los magistrados destacaron que la ejecución patrimonial busca enviar un "claro mensaje a la sociedad" respecto al recupero de bienes obtenidos como resultado de la corrupción. La Corte podrá contemplar la asignación de los recursos decomisados en favor de la ciudadanía santacruceña, particularmente respecto de aquellos bienes localizados en esa provincia.
Este es el primer listado de bienes a decomisar, ya que habrá una segunda etapa que incluirá más propiedades. El decomiso se realiza "en virtud de la función reparadora del daño social causado" y en cumplimiento de la política pública de recuperación de activos de la corrupción.

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