A casi un año de quedar detenida en la causa Vialidad, la defensa de Cristina Kirchner abrió un nuevo frente judicial al solicitar que se le apliquen los beneficios del régimen de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo argumentando que ese sistema está pensado para quienes cumplen condena en cárcel común.
El juez del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, desestimó el viernes último tanto este pedido como una nueva solicitud para retirarle la tobillera electrónica y flexibilizar las restricciones que rigen su prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, en pleno barrio de Recoleta.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la ex presidenta cumplió sin observaciones todas las reglas de conducta impuestas desde que quedó detenida el 17 de junio de 2025. Por ello, sostuvieron que le corresponde una flexibilización gradual de las restricciones, en línea con el principio de progresividad que permite avanzar hacia regímenes menos restrictivos.
La defensa destacó que Cristina Kirchner ha observado "estricto cumplimiento" de todas las condiciones impuestas durante estos once meses de detención. Actualmente, la ex mandataria puede recibir visitas limitadas y realizar salidas de dos horas diarias a la terraza de su edificio, siempre con supervisión electrónica.
Sin embargo, el magistrado fue contundente en su rechazo. Giménez Uriburu sostuvo que la prisión domiciliaria tiene un régimen jurídico propio y que las normas sobre progresividad no pueden trasladarse automáticamente a esta modalidad de cumplimiento. "La progresividad busca limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados", explicó el juez, algo que no resulta aplicable a quien ya cumple la pena en su domicilio.
El tribunal argumentó que el régimen progresivo está "concebido para el cumplimiento de penas privativas de libertad dentro del sistema penitenciario", orientado a promover la incorporación gradual a instituciones abiertas o semiabiertas. En cambio, la prisión domiciliaria constituye una "modalidad excepcional" sometida a mecanismos particulares de supervisión y control.
La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa que investigó irregularidades en la obra pública vial en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Tras agotar las instancias de apelación, comenzó a cumplir su condena en junio del año pasado bajo la modalidad de prisión domiciliaria, debido a su condición de ex jefa de Estado y los fueros que ello implica.
Se espera que la defensa apele la decisión ante la Cámara Federal de Casación, en un nuevo capítulo de la estrategia legal para flexibilizar las condiciones de detención de la líder del peronismo. Mientras tanto, Kirchner continúa cumpliendo su condena en el exclusivo departamento de Recoleta, con las mismas restricciones que rigen desde hace casi un año.
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