A días de cumplirse un año desde que se ordenó la prisión de Cristina Kirchner, tras la confirmación de la Corte Suprema de la sentencia del caso Vialidad, los tribunales de Comodoro Py mantienen el ritmo con los tramos pendientes de la megacausa que sacudió la política argentina.
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esa sentencia obtuvo firmeza en junio del año pasado, cuando la Corte Suprema rechazó todos los recursos extraordinarios de las defensas, convirtiendo a Kirchner en la primera ex mandataria argentina en cumplir una condena por corrupción.
Mientras la ex jefa de Estado permanece detenida, en los pasillos de los tribunales federales porteños avanza el expediente conocido como Vialidad II, donde se acusó a Martín Báez (hijo mayor del empresario Lázaro Báez), Julio Mendoza (ex presidente de Austral Construcciones), Fernando Butti (ex contador) y Sandro Fergola, ex funcionario de Vialidad que debía controlar las obras de Báez.
Según confirmaron fuentes judiciales, la fiscalía a cargo de Diego Luciani presentó acuerdos de juicio abreviado con las defensas de Martín Báez, Mendoza y Butti. El proceso quedó en manos del juez Andrés Basso, quien ya realizó la audiencia de visu y ahora debe dictar sentencia.
Durante la instrucción, el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques acreditaron que los expedientes de obra pública vial "estuvieron signados por numerosas irregularidades" que evidenciaron "múltiples abusos y anomalías en la contratación" durante la gestión kirchnerista.
El análisis de 51 contratos por 46.000 millones de pesos que recibió el Grupo Austral durante la gestión de Cristina Kirchner reveló un patrón sistemático de beneficios para las empresas de Lázaro Báez. La cifra total de la maniobra, actualizada, asciende a $685.000 millones.
Paralelamente, el fiscal Gerardo Pollicita está próximo a firmar el requerimiento de elevación a juicio para Vialidad III, el tercer tramo que se enfoca en ex funcionarios provinciales que habrían participado del esquema de corrupción en Santa Cruz.
El caso Vialidad fue dividido estratégicamente en tres tramos durante la etapa de instrucción para facilitar su tramitación. El primer tramo, que condenó a Cristina Kirchner, se centró en las figuras principales del esquema. Los tramos II y III apuntan a los operadores intermedios y funcionarios provinciales que habrían facilitado las irregularidades.
La estructura del esquema, según la acusación, tenía como "común denominador" el beneficio de empresas vinculadas a Lázaro Báez, lo que se traducía en un perjuicio económico directo para el Estado Nacional. Las obras, financiadas con recursos nacionales, presentaron sobrecostos, demoras y deficiencias técnicas que fueron documentadas exhaustivamente por los fiscales.
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