Una crisis sin precedentes atraviesa el Poder Judicial argentino: el 37% de los cargos se encuentra vacante, una cifra que supera ampliamente el 32% que heredó Javier Milei al asumir la presidencia. Con 371 puestos sin cubrir, la situación impacta directamente en la administración de justicia tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense.
Bajo la gestión del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el Gobierno nacional comenzó a revertir su política de no envío de pliegos. Sin embargo, los números revelan una estrategia insuficiente: de los 313 pliegos acumulados en dos años, solo se remitieron 150 al Senado, mientras que 115 permanecen retenidos en el Poder Ejecutivo.
El desglose territorial muestra que de los últimos 45 pliegos enviados, solo 29 corresponden a tribunales de CABA, incluyendo juzgados de instrucción, fiscalías y defensorías. Los restantes 16 están destinados al interior, con particular concentración en el conurbano bonaerense (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata).
La situación se agrava cuando se analiza que el 28% de los cargos vacantes corresponde específicamente a jueces y juezas de fueros nacional y federal que el Ejecutivo mantiene sin designar. Esta demora tiene consecuencias directas en la correcta administración de justicia, particularmente en una región como el AMBA donde la carga procesal es significativamente mayor.
El Consejo de la Magistratura tampoco escapa a la crisis: tiene en trámite 151 cargos que representan el 41% de las vacantes totales. De estos, solo 15 están listos para ser enviados al Gobierno tras la aprobación del plenario, mientras que 92 se encuentran en etapas previas del proceso de selección.
Fuentes judiciales consultadas coinciden en que, si bien el envío de pliegos "es una buena señal, no es suficiente porque aún se retienen más de la mitad". La semana pasada se aprobaron algunos candidatos, incluyendo la continuidad del camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, en la Cámara Federal de Casación Penal por cinco años más, pese al rechazo kirchnerista.
La crisis judicial representa un desafío particular para los tribunales porteños y bonaerenses, donde la concentración de causas federales y la complejidad de los casos requieren una cobertura completa de los cargos. Con el 37% de vacantes, el sistema judicial enfrenta su mayor crisis de recursos humanos en décadas, comprometiendo la eficiencia en la resolución de conflictos que afectan directamente a los vecinos del AMBA.
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