A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, las universidades nacionales del conurbano bonaerense enfrentan una crisis presupuestaria insostenible que amenaza su funcionamiento. La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) denuncian lo que califican como "asfixia financiera" del gobierno de Javier Milei.
El panorama es desolador: la prórroga del presupuesto 2023 completamente desactualizado, sumado al congelamiento de partidas y una inflación que golpea sin piedad, configuran un escenario que pone en jaque la continuidad de la educación superior pública en el sur del Gran Buenos Aires.
En la UNQ, las autoridades denuncian que el personal docente y no docente recibió apenas una oferta salarial del 6% frente a una inflación acumulada del 70%. La universidad mantiene en su página oficial un contador que marca 188 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario desde el 21 de octubre de 2025.
Los números del ajuste son demoledores: según el informe de coyuntura publicado por la UNQ, los salarios universitarios perdieron un 33% de poder adquisitivo en dos años. Más grave aún, más de 6.000 proyectos científicos quedaron sin financiamiento y 25.000 investigadores verán paralizado su trabajo. La proyección indica que 1.200 becarios perderán sus becas.
La UNDAV, por su parte, atraviesa una crisis marcada por problemas salariales y de funcionamiento que generó una incertidumbre generalizada. La situación llegó a tal extremo que la institución debió recurrir a la Justicia para exigir que el gobierno nacional cumpla con el financiamiento comprometido.
En la UNAJ, la crisis adquiere ribetes dramáticos: a la debacle presupuestaria se suma un aumento significativo de la matrícula. La universidad sostiene sus actividades con el mismo presupuesto real que en 2023, pero ahora debe atender a más de 33.000 estudiantes regulares, lo que representa un incremento de 5.000 alumnos respecto del año pasado. Durante 2026, recibió más de 7.500 ingresantes, casi 1.500 más que en 2025.
Ante esta situación límite, las tres universidades instalaron una carpa de lucha en Florencio Varela durante los primeros días de abril, en el marco de un paro con adhesión total y una semana de acciones que incluyó una marcha a los tribunales porteños.
"No podemos seguir trabajando en estas condiciones. Paramos en defensa de la universidad pública", señalaron desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNAJ (ADEIUNAJ), una de las organizaciones que impulsa las protestas.
La medida de fuerza concluyó el 10 de abril, pero desde las universidades no descartan nuevas acciones de protesta para insistir sobre el pedido urgente de condiciones económicas que garanticen el funcionamiento de las casas de estudios públicas del conurbano sur.
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