La Suprema Corte de Justicia bonaerense protagonizó este martes un reclamo institucional sin precedentes al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura provincial por mantener cuatro vacantes en el máximo tribunal desde hace más de seis años.
El presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente Daniel Fernando Soria y la ministra Hilda Kogan, encabezaron un acto en la sala de audiencias del tribunal acompañados por el Procurador General Julio Conte-Grand. Lo que comenzó como la presentación de un proyecto de fortalecimiento judicial se transformó en una dura interpelación política.
"Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2.292 días entre la primera vacante y casi 800 días desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud", leyó Torres en un documento firmado por sus pares.
El reclamo apunta directamente a la inacción del Ejecutivo provincial, que debe enviar los pliegos al Senado, donde el peronismo tiene mayoría propia desde diciembre pero no logra los acuerdos necesarios. La Constitución provincial establece un plazo de 15 días para enviar las propuestas tras producirse una vacante.
"El mandato constitucional fue desoído en forma sistemática acumulando 152 incumplimientos", denunció Torres, quien remarcó que el Poder Judicial es "el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática".
La situación genera consecuencias operativas concretas: la labor asignada constitucionalmente para siete jueces hoy la realizan solo tres, lo que obliga a integrar el tribunal con jueces de Casación para las votaciones y genera "mayor dependencia" en temas jurisdiccionales y administrativos.
El presidente de la Corte fue categórico al señalar que "postergar las designaciones es debilitar el sistema" y que "una corte incompleta limita la capacidad de conducción". En su exhortación final, instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a "abocarse a la urgente cobertura de las vacantes".
El acto evidencia la tensión creciente entre el Poder Judicial bonaerense y la administración de Kicillof, en un contexto donde la provincia de Buenos Aires -que concentra el 40% de la población nacional- mantiene su máximo tribunal funcionando con menos de la mitad de sus integrantes por disputas políticas que se extienden desde 2018.
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