El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ordenó una auditoría informática integral del proceso electoral tras 15 días sin resultados definitivos de las elecciones del 12 de abril, en una decisión que refleja la profunda crisis institucional que atraviesa el país vecino.
La medida busca "reforzar la transparencia e integridad" de un escrutinio que mantiene en vilo a los peruanos, con el 97,5% de las actas procesadas pero sin definir quién enfrentará a la conservadora Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio.
Fujimori lidera con el 17,1% de los votos, pero la disputa por el segundo lugar mantiene al país en suspenso. El congresista de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) están separados por apenas 28.000 votos, una diferencia mínima que podría cambiar con el conteo final.
La auditoría será supervisada por un comité académico de expertos nacionales e internacionales, sin vínculos con la institución electoral, especializado en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas. Esta decisión llega después de que el entonces jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, presentara su renuncia el 21 de abril tras admitir "retrasos logísticos".
El proceso electoral ha estado marcado por denuncias de irregularidades y protestas en distintos puntos del país, aunque observadores de la Unión Europea indicaron que no encontraron evidencias de fraude. Las autoridades prevén dar a conocer los resultados definitivos antes del 15 de mayo.
Esta crisis electoral se desarrolla en el marco de una grave inestabilidad política que llevó a Perú a tener ocho presidentes en diez años, incluyendo al actual mandatario. El país también enfrenta una profunda crisis de seguridad que ha sido uno de los temas centrales de la campaña.
Para la Argentina, la situación peruana representa un caso extremo de fragmentación política que contrasta con la relativa estabilidad institucional local. Desde Buenos Aires, analistas políticos observan con preocupación cómo la crisis de gobernabilidad puede extenderse en la región, especialmente considerando los vínculos comerciales entre ambos países.
La segunda vuelta presidencial está programada para el 7 de junio, mientras que las elecciones regionales y municipales se realizarán en octubre. El comité de expertos continuará brindando asistencia técnica en todos estos procesos para garantizar su transparencia.
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