El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una crisis sin precedentes que golpea directamente el bolsillo y la calidad de vida de cinco millones de usuarios diarios. Un reciente informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA documenta el colapso: en los últimos seis años, la cantidad de colectivos que circulan en la región cayó un 12%, mientras que la tarifa mínima aumentó un 1.200%.
Los números son contundentes y reflejan el deterioro acelerado del sistema. En noviembre de 2019 circulaban 19.348 unidades en el AMBA, cifra que se redujo a 18.639 en octubre de 2023, luego a 17.731 en noviembre del mismo año y finalmente a 16.989 en marzo de 2026. Esta caída sistemática se agravó durante la crisis de abril de 2026, cuando se registró un recorte del 40% en la cantidad de coches en circulación.
El impacto en las tarifas ha sido devastador para los usuarios porteños y bonaerenses. Durante el mismo período en que se reducía la flota, el boleto mínimo subió 1.220%, una cifra que supera ampliamente cualquier indicador inflacionario y erosiona el poder adquisitivo de las familias del AMBA. Esta escalada tarifaria ocurre pese a que las empresas aún reciben subsidios estatales, aunque estos fueron reducidos considerablemente.
Rafael Skiadaressis, economista especialista en transporte e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, analizó las causas estructurales del colapso. "El transporte en una ciudad nos garantiza cómo nos movemos, pero un sistema que se va deteriorando en sus frecuencias y calidad no cumple su función de ordenar las ciudades y contribuir a su productividad", explicó el especialista.
La segunda semana de abril marcó un punto crítico cuando el aumento del precio del combustible generó sobrecostos que no fueron compensados ni mediante subsidios ni con ajustes tarifarios inmediatos. Esta situación expuso las debilidades estructurales de un sistema fragmentado entre jurisdicciones: algunas empresas dependen de Nación, otras de la provincia de Buenos Aires, y un grupo opera en ambos distritos, provocando desajustes e ineficiencias.
El problema se agrava por las deudas acumuladas en los pagos de compensaciones, especialmente las vinculadas al subsidio del atributo social creado en 2012 para jubilados. Según Skiadaressis, "esa deuda es más o menos 70 mil millones de pesos acumulada y estamos llegando ya a los 80 mil millones". Esta presión sobre la tesorería de las empresas genera un círculo vicioso que deteriora aún más el servicio.
Las consecuencias son palpables en la vida cotidiana de millones de porteños y bonaerenses. Viajes que se prolongan durante horas, menor frecuencia de paso y unidades saturadas provocan escenas de angustia y violencia en las paradas y dentro de los colectivos. La combinación de menos unidades y tarifas más altas configura un escenario crítico que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, tradicionalmente dependientes del transporte público.
La crisis del transporte en el AMBA refleja problemas más profundos de coordinación interjurisdiccional y sostenibilidad fiscal. Sin una solución integral que aborde tanto el financiamiento como la eficiencia operativa, el sistema continuará deteriorándose, impactando negativamente en la productividad económica de la región más importante del país.
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