La crisis del poder adquisitivo golpea directamente la mesa de los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según un relevamiento del sindicato USO, 43% de los empleados ha reducido la calidad o cantidad de alimentos que consume debido a la pérdida de capacidad de compra experimentada en los últimos cinco años.
El informe "La evolución de los salarios y el coste de la vida", presentado esta semana, revela que casi la mitad de las personas que trabajan se alimentan menos o peor por no poder asumir los costos de la comida, pese a contar con un salario. Una realidad que se replica con particular crudeza en los barrios del Gran Buenos Aires, donde los ingresos familiares enfrentan mayor presión.
Los números son contundentes: mientras los salarios crecieron 17,3% en cinco años, los precios de los alimentos se dispararon 45,3% en el mismo período. Esta brecha de casi 30 puntos porcentuales explica por qué cada vez más familias porteñas y bonaerenses deben elegir entre cantidad y calidad a la hora de llenar el changuito.
La situación se agrava entre los jóvenes trabajadores, donde el porcentaje trepa al 48,9%. Pero el dato más alarmante surge entre quienes tienen bajos ingresos: 59,1% de este segmento ha debido recortar su alimentación. En el conurbano, donde predominan empleos de menor remuneración, esta realidad se vive con particular intensidad.
"Cada vez el trabajo tiene menos valor de cara a los productos de primera necesidad, los que no nos podemos quitar", explicó Joaquín Pérez, secretario general de USO. El dirigente sindical apuntó al alquiler como uno de los factores principales de esta crisis, señalando que quienes deben arrendar su vivienda "tienen muchas más dificultades para llegar a fin de mes".
El régimen de tenencia de vivienda marca diferencias significativas. Los mayores de 55 años, en su mayoría con vivienda propia y sin cargas hipotecarias, son quienes menos recortes han debido aplicar. En el extremo opuesto se ubican los jóvenes, más dependientes del alquiler, y los de edades intermedias con hipotecas activas.
Además de la alimentación, el incremento de los precios energéticos ha obligado a muchos trabajadores del AMBA a ajustar sus facturas, recortando el consumo de calefacción o aire acondicionado. Una realidad que se intensifica en los meses de invierno porteño, cuando el gasto en gas se vuelve ineludible.
El estudio revela que la mitad de las personas con salario ha debido recurrir de forma puntual o habitual a ayuda de familiares, créditos o aplazamientos para cubrir gastos básicos o hacer frente a imprevistos. Una situación que refleja la fragilidad económica de amplios sectores de la clase trabajadora metropolitana.
Para enfrentar esta crisis, USO propone blindar en todos los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo. También plantea la necesidad de un IPC específico que refleje el comportamiento real de la alimentación y la energía, sectores que más impactan en el presupuesto familiar.
La urgencia del problema habitacional exige un pacto de Estado, considera el sindicato, ya que quienes están sometidos al gasto mensual de hipoteca o alquiler presentan mayores dificultades económicas. Una realidad que se vive con particular intensidad en el Gran Buenos Aires, donde el acceso a la vivienda propia se ha vuelto cada vez más esquivo para los sectores medios.
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