La Corte Suprema volvió a tensionar la relación entre justicia y política al anular una medida cautelar contra el DNU 70/23, el decreto con el que Javier Milei inició su gestión en diciembre de 2023.
Con firma unánime, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto una restricción que había frenado la venta de tierras rurales a ciudadanos extranjeros.
Según Clarín, el fastidio mutuo que acumularon los tres ministros durante el año estalló hace dos semanas con una decisión sorpresiva. La resolución fue completamente técnica, pero el caso elegido tocó los cables rojo y azul de la política y la justicia, que una república sana aconseja mantener alejados.
Con la firma unánime de los jueces, en la práctica caían las restricciones a la venta de tierras rurales a ciudadanos extranjeros. El texto lo presenta como uno de esos debates que los argentinos suelen tener sobre cuestiones resueltas hace décadas en el resto del planeta.
La chispa reavivó la pelea que el Congreso había tenido semanas antes. La oposición encontró una oportunidad para devolverle al gobierno una puñalada al nacionalismo malvinero con el que había recuperado un soplo de popularidad.
La torpeza oficialista llevó ante los legisladores un proyecto de ley que ampliaba el porcentaje de tierras que podrían comprar los extranjeros. La consigna se escribió sola: Milei está entregando la Patria.
Aparecieron militantes, organizaciones, políticos, especialistas, abogados, estrategas y opinadores. Inundaron medios y redes para debatir una posibilidad que, según el texto, ningún inversor ni pretendido terrateniente del exterior había reclamado.
No se conocen proyectos inmobiliarios, agrarios o mineros que reclamen la posesión de la tierra. Además, la titularidad del suelo tampoco tiene nada que ver con la soberanía nacional.
El proyecto fue fulminado en el Congreso. Pero el tamaño de aquel escándalo público ayuda a decodificar los titubeantes pasos de la Corte en las últimas dos semanas.
Cuando Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti voltearon la cautelar que una organización de veteranos de Malvinas había logrado contra el artículo del DNU 70/23, esa libertad recobró vigencia.
La Corte quedó bajo fuego: ¿había intentado ayudar al gobierno dándole lo que el Congreso le había negado? ¿Buscó ordenar hacia el interior del Poder Judicial que los jueces no acepten cualquier pedido de amparo sin justificar la legitimidad y la urgencia?
Al día siguiente, las tres vocalías dieron a Clarín la misma respuesta: 'nosotros sólo miramos los expedientes y resolvemos'. Agregaron que no les importan las consecuencias de aplicar la ley y que las leyes no las hacen ellos.
Veinticuatro horas después, la Corte emitió un inusual comunicado aclaratorio. El texto lo describe como mitad justificación y mitad promesa de que la decisión cuestionada podía cambiar, en una cita de Groucho Marx.
Una semana más tarde, el viernes pasado, la Corte aceptó, trató y resolvió en apenas horas el otro amparo sobre las tierras que tenía en el escritorio.
El trámite fue tan sucio y desprolijo que el caso no había sido analizado por ningún juez inferior. Eso convertía a la Corte en tribunal originario para dictar una medida cautelar interina.
La cautelar buscaba volver a frenar el artículo 154 del decreto 70/23 de Milei, hasta que el juzgado que en verdad debe resolver la causa lo haga.
Para los inversores, el zigzag judicial amplía las dudas sobre la previsibilidad de las reglas de juego. En la Ciudad y el Gran Buenos Aires, el caso vuelve a poner sobre la mesa la confianza en el sistema legal y en la estabilidad de las decisiones que afectan al mercado.
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