La Corte Suprema convocó a dos conjueces en la causa por el presunto direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo, la millonaria obra vial ejecutada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño.
Según fuentes judiciales citadas por Clarín, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dispusieron la convocatoria de conjueces.
El sorteo, realizado el 17 de septiembre, recayó sobre Alberto Dalla Vía, integrante de la Cámara Nacional Electoral, y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, magistrado de Salta.
La intervención de conjueces es relevante porque, con tres de sus cinco integrantes, la Corte puede recurrir a ese mecanismo cuando necesita completar una mayoría para resolver un expediente. La incógnita central es si el máximo tribunal dejará firmes los sobreseimientos o abrirá la puerta para investigar nuevamente una de las obras públicas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Voceros de Horacio Rodríguez Larreta afirmaron estar al tanto de los movimientos de la Corte y defendieron la transparencia de la licitación. Explicaron que la obra “se hizo en forma transparente y se dividió en tres partes” para cumplir el compromiso de finalizarla antes de que terminara su gestión al frente del Gobierno porteño, en diciembre de 2023.
“Larreta en ocho años no tuvo problemas con la Justicia, pero si la Corte ordena anular su sobreseimiento, se pondrá a disposición del juez sabiendo que ser investigado es un gaje del oficio de los políticos que toman decisiones”, agregaron sus voceros. También remarcaron que Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, encargada de la obra, es una empresa descentralizada del Gobierno porteño.
“Nos defenderemos donde sea”, insistieron desde el entorno del ex jefe de Gobierno, quien se distanció del PRO y creó su propio espacio político, Movimiento al Desarrollo. Actualmente ocupa una banca en la Legislatura porteña.
Si la Corte acepta el planteo de los fiscales y anula los sobreseimientos, el expediente podría regresar al juzgado federal que estuvo a cargo de Claudio Bonadio, fallecido en febrero de 2020. Para comprender la importancia de lo que está en juego hay que retroceder ocho años, hasta el comienzo de una licitación multimillonaria que terminó bajo sospecha judicial.
La investigación penal comenzó el 25 de octubre de 2018. Su objetivo era determinar si el tramo más costoso del Paseo del Bajo había sido adjudicado irregularmente, mediante un presunto direccionamiento de la licitación pública internacional y a un precio superior al que hubiera correspondido.
El Paseo del Bajo es un corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia, 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata. Su construcción permitió separar el tránsito pesado de los vehículos particulares y aliviar la congestión de camiones vinculados con la actividad portuaria.
La obra fue dividida en tres tramos. El más oneroso, identificado como tramo C, fue adjudicado a una unión transitoria integrada por IECSA y Fontana Nicastro, con un presupuesto estimado de 4.480 millones de pesos.
IECSA había pertenecido a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, en marzo de 2017 fue vendida a un grupo empresario encabezado por Marcelo Mindlin, vinculado a Pampa Energía. La constructora pasó a denominarse SACDE.
Con información de: Clarín y Último Momento.
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