La Corte Suprema ordenó que los créditos laborales pendientes de sentencia definitiva firme se actualicen según la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El fallo dejó sin efecto las decisiones que habían ordenado reajustes directos por inflación más intereses y mandó dictar nuevos fallos conforme a la norma vigente.
La ley fija para los juicios laborales en trámite un piso del 67% del monto que resulte de actualizar el capital histórico según la variación del IPC y adicionar un interés anual del 3%.
La regla alcanza a los juicios en trámite, incluidos los recursos de queja pendientes de resolución, y prioriza la tasa pasiva fijada por el Banco Central.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido.
La causa llegó al Máximo tribunal después de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inconstitucionales las leyes que prohíben la actualización monetaria de las deudas.
Las empresas demandadas presentaron recursos extraordinarios contra esas decisiones, que fueron concedidos parcialmente. La Ley de Modernización Laboral fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.
Su artículo 55 establece que los créditos derivados de relaciones individuales de trabajo deben calcularse con intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina.
El mismo artículo fija que el monto obtenido no puede superar el importe que resulte de adicionar al capital histórico la aplicación del IPC suministrado por el INDEC, junto con el interés anual previsto en la norma.
La disposición también establece que esas reglas son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte.
Al examinar las apelaciones, la Corte recordó que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal.
Los jueces añadieron que, si durante el proceso se dictan normas sobre la materia discutida, el pronunciamiento debe considerar las modificaciones introducidas por esos preceptos cuando se trate de situaciones de las que no es posible prescindir.
Con esa pauta, el tribunal entendió que la Ley 27.802 establece de manera taxativa los criterios de ajuste aplicables a las causas laborales que no cuentan con sentencia definitiva firme.
Por ese motivo, consideró innecesario pronunciarse sobre los planteos que habían motivado las apelaciones federales y ordenó que se dicten nuevos fallos de acuerdo con la norma.
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