En medio de una nueva Marcha Federal Universitaria que se desarrolla este martes en Plaza de Mayo, el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales llegó a su punto más álgido con la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario que ahora debe resolver la Corte Suprema de Justicia.
La movilización, que convoca a docentes, estudiantes y autoridades de todo el país, busca exigir el cumplimiento de la normativa universitaria y el envío de partidas presupuestarias a los hospitales universitarios, en un contexto de severo ahogo presupuestario y fuga de personal académico que afecta especialmente a las universidades del AMBA como la UBA, UTN y UNLAM.
La ley fue sancionada en 2024 pero vetada por el oficialismo ese mismo año. Al año siguiente volvió a aprobarse en ambas cámaras y fue nuevamente vetada por el Poder Ejecutivo, aunque esta vez La Libertad Avanza logró conseguir el tercio necesario en uno de los recintos para sostener el rechazo presidencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respondió con una medida cautelar tras la formalización del Presupuesto 2026, donde el Gobierno limitó los artículos centrales de la normativa universitaria. Esta decisión judicial favorable a las universidades ahora está en manos de la Corte Suprema, que debe definir si confirma o revierte el fallo.
Fuentes de Casa Rosada consideran que "cada día que gana el Gobierno en este tema es oro", mientras que quienes conocen la política judicial creen que los cortesanos adoptarán su habitual filosofía de que "la ansiedad es problema de otros". Los supremos pueden tardar desde una semana hasta años en resolver.
El Gobierno tiene la expectativa de que el Máximo Tribunal no tratará la cuestión de fondo y se limitará a rechazar el caso invocando el artículo 280 del CPCCN, el mismo instrumento utilizado en el caso de la condena de Cristina Kirchner por la Causa Vialidad. Esta norma permite rechazar recursos "por falta de agravio federal suficiente".
"La Corte tiene cerca de 60.000 causas y problemas de Coparticipación de 19 provincias. La urgencia es relativa", afirma una fuente judicial, que considera que los rectores cometieron "un error gravísimo" al invocar el incidente de ejecución para acelerar la liberación de fondos.
Hasta que la Corte no se pronuncie, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario permanece suspendida y el Poder Ejecutivo no tiene obligación de realizar las erogaciones presupuestarias demandadas por las universidades, que incluyen aumentos salariales y fondos de funcionamiento.
El Ejecutivo formalizó un recorte de $78.768 millones la víspera de la marcha a través de la Decisión Administrativa 2, profundizando el conflicto con el sector universitario que considera insuficiente el presupuesto asignado para 2026.
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