El contratista Matías Tabar hizo una presentación espontánea ante la Justicia y aportó nuevas pruebas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete Manuel Adorni. La movida ocurrió apenas un día después de que rompiera el silencio mediático.
Este viernes, Tabar llevó a Comodoro Py nuevas facturas y remitos sobre las obras para la refacción de la casa de Indio Cua que compró Adorni en Exaltación de la Cruz. También aportó capturas de chats con información sobre las conversaciones y acuerdos para los trabajos en esa vivienda del conurbano norte.
En las últimas horas, el contratista había revelado que el monto final de la remodelación alcanzó los 245 mil dólares, muy por encima del presupuesto inicial de 94 mil dólares (85 mil por las obras generales y 9 mil por la pileta). Una diferencia que genera interrogantes sobre el control de gastos en una obra financiada sin facturación.
"Los 245 mil dólares son el monto final. Pero yo no le cobré esa plata", aclaró el jueves en Radio Rivadavia. Tabar justificó los pagos en efectivo argumentando que "es muy normal en la construcción" y que "si tuviese que hacerme una casa y facturar todo, es imposible que el blanco te dé".
En su primera declaración testimonial, Tabar había mostrado un listado con ítems sobre las refacciones y sus costos parciales. Según reveló, Adorni habría pagado en efectivo y sin factura. También denunció que, justo antes de declarar, había recibido mensajes del jefe de Gabinete ofreciéndole asistencia de su abogado.
La situación se había tensado cuando el presidente Javier Milei lo trató de "kirchnerista" y le atribuyó un "prontuario dudoso". Tabar respondió inicialmente con dolor en redes sociales, pero este viernes se mostró más conciliador: "Es una persona demasiado inteligente y tiene cosas que a veces se le vienen a la cabeza y las larga, pero ya está, dentro mío lo perdoné".
Sobre su relación con Adorni, el contratista fue categórico: "A Manu lo conocí en abril de 2024. Yo lo adoro a Manuel". Una declaración que contrasta con la gravedad de la investigación judicial en curso, que analiza si hubo enriquecimiento ilícito por parte del funcionario que maneja la comunicación del Gobierno nacional.
La causa toma relevancia en el contexto de las políticas anticorrupción que pregona La Libertad Avanza. La investigación deberá determinar si los pagos en negro configuran una irregularidad administrativa o un delito, mientras el caso genera ruido político en un momento clave para la gestión libertaria.
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