La Fiscalía General investiga el asesinato de Alejandro Galván y Marco Iván Zaragoza, dos estudiantes de 16 y 17 años que fueron atacados a balazos en una mueblería del conurbano bonaerense. El hecho ocurrió el pasado lunes por la tarde, cuando dos hombres en motocicleta llegaron al local y uno de ellos descendió para disparar contra los jóvenes.
Uno de los chicos murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos. La Unidad Especializada en Homicidios quedó a cargo de la investigación, pero hasta el momento no hay detenidos ni se ha confirmado el móvil del crimen.
Según fuentes policiales, los atacantes escaparon sin dejar rastro. La mecánica del ataque —dos personas en moto, ejecución rápida, huida inmediata— es un patrón que se repite en la zona y que preocupa a vecinos y autoridades. No se sabe si los estudiantes eran el objetivo específico o si se trató de un caso de identidad equivocada.
Los jóvenes eran primos y estudiaban en una escuela técnica del distrito. La institución educativa emitió un mensaje de condolencias para las familias y la comunidad escolar, confirmando la identidad de ambos. Compañeros y amigos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y reclamos de justicia.
El doble crimen ocurrió en una zona del conurbano que viene registrando un aumento sostenido de la violencia en los últimos meses. Según datos del Observatorio de Seguridad del Gran Buenos Aires, el distrito cerró agosto con cifras alarmantes: 237 homicidios dolosos en lo que va del año, un 9,7% más que en el mismo período de 2025.
El comportamiento mensual muestra picos preocupantes: 43 víctimas en enero, 38 en abril, y 30 en agosto. Aunque agosto mostró una reducción respecto al año anterior —cuando se registraron 67 homicidios en el mismo mes—, la zona sigue encabezando el ranking de violencia en el conurbano bonaerense, por encima de otros distritos críticos.
Organizaciones sociales y referentes barriales vienen reclamando mayor presencia policial y políticas de prevención. "Los pibes no pueden ir a la escuela con miedo", declaró una referente de un comedor comunitario cercano al lugar del hecho. "Acá la violencia es moneda corriente y nadie hace nada".
La Fiscalía trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona y en la búsqueda de testigos que puedan aportar datos sobre los atacantes. También se investiga si los jóvenes tenían algún vínculo con actividades delictivas o si fueron víctimas de un ajuste de cuentas entre bandas que operan en el territorio.
El caso reabre el debate sobre la inseguridad en el conurbano y la falta de respuestas del Estado frente a la escalada de violencia que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Familias enteras viven con miedo, y los jóvenes son las principales víctimas de una guerra territorial que parece no tener fin.
Las autoridades prometieron reforzar los operativos en la zona y acelerar la investigación para dar con los responsables. Mientras tanto, las familias de Alejandro y Marco esperan justicia y respuestas que, hasta ahora, no llegan.
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