El fiscal general Ricardo Sáenz solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirme los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse, dos médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires acusados de desviar y consumir drogas anestésicas de uso quirúrgico.
Según el expediente judicial, los imputados retiraban propofol de la farmacia hospitalaria con la excusa de utilizarlo en cirugías, pero se lo llevaban a sus domicilios particulares para consumo personal. La maniobra habría causado un perjuicio económico al hospital y violado el deber de custodia de medicamentos controlados.
El caso se sustenta en múltiples testimonios que describen episodios de consumo privado de la sustancia. Mercedes S., colega y amiga de Lanusse, declaró haber presenciado el uso de propofol en el domicilio de "Fini" con participación de Boveri. También describió haber visto material médico hospitalario como "vinchas VIS" para monitoreo de anestesia.
Otro testimonio clave fue el de Chantal Leclerq, quien encontró a Lanusse "tirada, semi inconsciente" en su casa y recibió la confesión de que se había "drogado" junto a Boveri. La expareja de Boveri también declaró que él admitió haberse inyectado propofol mutuamente con Lanusse fuera del hospital.
El jefe del Servicio de Anestesiología, Gonzalo Domenech, y otros miembros del hospital confirmaron haber escuchado a ambos imputados admitir estas conductas en reuniones institucionales. Un anestesiólogo describió la presunta metodología: anotar dosis mayores en las historias clínicas de las realmente aplicadas, dejando disponible el excedente para uso no autorizado.
La posición de Boveri como médico encargado de neurocirugías, que requieren más anestesia, habría facilitado la maniobra según la fiscalía. El jefe de residentes Martín De Bonis admitió que las ampollas descartadas no se cuentan y que es posible falsificar hojas de farmacia.
Las defensas de ambos médicos apelaron el procesamiento dictado en abril, argumentando que las pruebas son insuficientes. El abogado de Boveri sostiene que la acusación se basa en "testigos de oídas y rumores" y que no se demostró un perjuicio económico concreto. La defensa de Lanusse cuestiona la falta de pruebas directas.
La resolución de la Cámara de Apelaciones podría conocerse en las próximas horas, definiendo si los procesamientos quedan firmes y el caso avanza hacia el juicio oral.
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