La Corte Suprema de Justicia confirmó esta tarde la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain, quien presidió la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010, por el desvío de $50 millones destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio a fines de 2015.
La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos de las defensas y dejó firme también la condena del asesor Juan Marcelo Vargas. Ambos deberán cumplir efectivamente la pena de prisión, marcando un precedente histórico para los más de 50 empresarios procesados en la causa Cuadernos.
El caso se originó por el desvío de fondos públicos para la construcción de 7 kilómetros del trazado de la "Avenida de los Mineros" entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre, una obra que nunca se concretó. La empresa responsable era Fainser, propiedad de Lascurain y presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner.
Durante el juicio oral de 2019, el Tribunal Oral Federal 7 estableció que los acusados sustrajeron fondos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio mediante el pago de tres cheques, dos librados el 30 de noviembre y otro el 9 de diciembre de 2015, en pleno cambio de gobierno nacional.
La fiscal Fabiana León solicitó que se ejecuten las condenas y que los condenados paguen al Estado $50 millones más intereses en concepto de reparación. La investigación fue dirigida por el fiscal Carlos Stornelli, quien también lleva adelante otros expedientes vinculados a irregularidades en la empresa estatal.
Este fallo constituye el primer caso de un ex presidente de la UIA que debe cumplir prisión efectiva por corrupción, lo que genera expectativa sobre el impacto en el empresariado argentino. Lascurain ya había estado detenido preventivamente pero luego quedó en libertad bajo palabra hasta esta resolución definitiva.
La causa forma parte de un entramado mayor de irregularidades en Río Turbio que involucra al ex ministro Julio De Vido, quien perdió sus fueros parlamentarios en 2017 por este expediente. Aún resta realizarse otro juicio por el desvío de al menos $264 millones destinados a obras en la mina de carbón.
La confirmación de estas condenas por parte de la Corte Suprema envía una señal clara sobre la persecución penal de la corrupción empresarial, especialmente en casos que involucran a dirigentes de entidades representativas del sector privado como la UIA, cuya sede central se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.
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