La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Daniel Rubén Vera, un jubilado de 64 años oriundo de Resistencia, deberá enfrentar juicio por amenazar al presidente Javier Milei, al ex diputado José Luis Espert y a reconocidos periodistas porteños a través de publicaciones en Facebook.
La decisión fue adoptada por la Sala III del máximo tribunal penal, mediante un fallo firmado por el juez Carlos Mahiques, quien rechazó el recurso de la defensa y confirmó la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 que había denegado la suspensión del juicio a prueba solicitada por el acusado.
La investigación se originó por una serie de publicaciones realizadas desde una cuenta de Facebook identificada como "Elpidio Sánchez", atribuida al imputado. El primer hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2024, cuando se publicó una imagen de Milei y Espert con puntos rojos sobre sus frentes, una simbología que las autoridades interpretaron como amenazas.
Días después, el 27 de noviembre de 2024, se difundió una nueva fotografía de Espert con la misma característica amenazante. La escalada continuó el 18 de junio de 2025 con la publicación de imágenes de los periodistas Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Luis Majul, figuras destacadas del periodismo porteño, también con puntos rojos sobre sus frentes.
Además de las amenazas, Vera difundió contenido antisemita desde la misma cuenta, lo que derivó en una imputación adicional por incitación a la persecución o al odio contra personas o grupos, prevista en el artículo 3 de la Ley 23.592. La acusación sostiene que los hechos constituyen amenazas reiteradas en tres oportunidades, en concurso real entre sí.
Durante la audiencia celebrada el 20 de febrero pasado, la defensa intentó conseguir la suspensión del proceso a prueba, argumentando que Vera es un jubilado sin antecedentes penales, padre de cinco hijos, con arraigo en su domicilio y que desarrolló su actividad laboral en una obra social vinculada al sector docente. Incluso ofreció una suma de dinero en concepto de reparación y manifestó la disposición del imputado a cumplir reglas de conducta.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso al beneficio, considerando que la causa involucra cuestiones vinculadas con posibles discursos de odio y discriminación que requieren un debate oral y público para determinar si las publicaciones están amparadas por la libertad de expresión o configuran los delitos investigados.
El caso refleja la creciente preocupación de las autoridades judiciales por las amenazas en redes sociales dirigidas a figuras públicas, especialmente cuando involucran simbología violenta y contenido discriminatorio. La decisión de Casación establece un precedente sobre la gravedad con que se abordan este tipo de conductas en el ámbito digital.
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