En una decisión judicial sin precedentes, la Sala IV de Casación Federal confirmó por mayoría la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez para cubrir el fraude en el caso Vialidad.
El tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción por un monto superior a los $684.000 millones, consolidando un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados por vía sucesoria.
La medida alcanza tanto a los activos directos de la expresidenta y Báez como a bienes de empresas consideradas instrumentos de la maniobra corrupta, entre ellas Austral Construcciones y otras firmas vinculadas al esquema de obras públicas en Santa Cruz.
El presidente de la Sala IV, Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso "no puede quedar en una declaración abstracta" sino que "debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito". En su voto, enfatizó que "carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita que el delito continúe produciendo efectos económicos".
Respecto al reclamo de los hijos de la expresidenta para conservar los bienes heredados, Hornos fue categórico: "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria".
El magistrado Diego Barroetaveña acompañó el criterio mayoritario, consolidando la decisión de ejecutar el conjunto del patrimonio ilícito generado por la maniobra. Sin embargo, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, cuestionando la extensión del decomiso sobre bienes sin vinculación directa acreditada con el delito.
El fiscal ante Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas con reivindicaciones deberían acudir a procesos civiles o administrativos, sin que se postergue el decomiso dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2.
Esta resolución marca un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina, al establecer que los graves delitos dolosos contra el Estado constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático que no puede quedar impune desde el punto de vista patrimonial.
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