Una operación de las autoridades colombianas logró desarticular una red de pesca clandestina que operaba en el Pacífico, con la judicialización de seis hombres acusados de extraer ilegalmente tiburones en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo.
El operativo se realizó el 25 de septiembre de 2023, cuando la Armada Nacional interceptó una embarcación en aguas de Buenaventura, aunque la judicialización recién se concretó en junio de 2026. La inspección reveló cerca de 100 troncos y 300 aletas de tiburón ocultos entre sacos.
Los ejemplares correspondían a especies como el tiburón sedoso, el tiburón zorro y el tiburón martillo, esta última reconocida por estar en peligro crítico de extinción. Las autoridades identificaron a los capturados como Herminio Ramos Erazo, Bolívar Cambindo, Francisco Paredes Obando, Humberto Calonge Torres, Breiner Cuero Anchico y Sebastián Ramírez Arboleda.
Según la investigación, estos hombres habrían extraído los animales de manera clandestina, aprovechando la lejanía del santuario, declarado patrimonio mundial por la UNESCO. El Santuario de Malpelo es un área protegida donde la extracción de recursos está terminantemente prohibida.
La pesca de tiburones en zonas protegidas responde a una demanda internacional creciente, especialmente en mercados asiáticos donde las aletas pueden alcanzar valores superiores a los USD 200 mil. Según la Fiscalía, el grupo formaría parte de una estructura criminal que desarrolló una compleja logística incluyendo pesca furtiva, almacenamiento y transporte hacia Centroamérica antes de llegar a Asia.
Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que les imputó cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables agravado por cercenamiento de aletas, e invasión de área de especial importancia ecológica. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
La operación, denominada "Galápagos", no solo se centró en la incautación sino que permitió desarticular parte de la cadena criminal responsable del tráfico de aletas. Las autoridades advierten que el tráfico de productos derivados de tiburón representa una de las mayores amenazas para la conservación marina.
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