El Tribunal Oral Federal 8 condenó a dos de los cuatro acusados por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero que fue asesinado durante una protesta en las inmediaciones de las vías del ferrocarril Roca en octubre de 2010.
El abogado y exjuez penal Octavio Luis Aráoz de Lamadrid recibió una pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, en calidad de autor del delito de tráfico de influencias agravado. Además, se le prohibió la salida del país y deberá presentarse cada tres meses ante el tribunal hasta que la resolución quede firme.
Para el ex funcionario de la Cámara Nacional de Casación Penal Luis Ameghino Escobar, el tribunal impuso una condena de 3 años de prisión condicional como partícipe necesario de tráfico de influencias agravado. También deberá someterse al cuidado de un patronato y cumplir 8 horas mensuales de trabajos comunitarios.
El tribunal consideró que la conducta del ex vicepresidente de Belgrano Cargas Ángel Luis Stafforini era constitutiva de cohecho activo agravado, aunque se declaró la prescripción de la acción penal y resultó absuelto. En el mismo sentido, absolvió a la ex directora suplente de Belgrano Cargas, Susana Rita Planas.
El veredicto también fijó el decomiso de 50 mil dólares que se secuestraron en el marco de la causa y que se consideran producto del delito. Los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez dispusieron que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 5 de agosto a las 16 horas.
Durante el debate oral se analizó la denuncia por pago de sobornos para direccionar el expediente hacia la Sala III de la Cámara de Casación, que en 2010 estaba integrada por los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Liliana Catucci.
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que representa como querellante a la familia de Mariano Ferreyra, opinó que este juicio sirvió para que salieran a la luz estos "pactos subterráneos" y destacó que para llegar a este día la causa recorrió durante años todo el sistema federal y más de una decena de jueces se excusaron de actuar.
Según la acusación, el dinero lo aportó la Unión Ferroviaria y lo cobró Aráoz de Lamadrid por medio de facturas por servicios que no ocurrieron. Stafforini se encargó de realizar esos pagos, mientras que Ameghino Escobar manipuló el sistema de la Oficina de Sorteos.
El caso se inició el 12 de enero de 2011, cuando la jueza de instrucción Susana Wilma López detectó el entramado judicial a partir de una serie de escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación del crimen de Ferreyra.
Por el crimen de Mariano Ferreyra fueron condenados anteriormente el ex secretario general de Unión Ferroviaria José Ángel Pedraza y los ex policías Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, entre otros responsables del asesinato que conmocionó al movimiento estudiantil y sindical porteño.
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