La Corte Suprema de Colombia confirmó la condena contra el exmagistrado José Bustos Martínez y activó el camino para extraditarlo desde Canadá.
El tribunal ratificó la pena de 123 meses y un día de prisión, la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y una multa de $133.738.170 por integrar la red conocida como Cártel de la Toga.
La decisión fue adoptada el 14 de octubre de 2026 y divulgada el 16 de octubre. La Sala de Casación Penal mantuvo íntegramente la sentencia de primera instancia del 20 de febrero.
El alto tribunal pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsar la extradición desde Canadá, país donde el exmagistrado permanece fuera del alcance de la justicia colombiana. La medida busca darle cumplimiento a una condena ya firme.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que el Ministerio está preparado para realizar los trámites y que el proceso de repatriación fue ejecutado. Señaló que actuará de inmediato cuando le corresponda, porque la extradición ya es una orden de la Corte Suprema.
Según el fallo, el exmagistrado participó en una estructura que ofrecía intervenciones irregulares en procesos penales contra aforados constitucionales a cambio de pagos millonarios. La Corte sostuvo que la ética judicial es innegociable.
La organización estuvo integrada por Bustos, los entonces magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, y abogados como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy litigante. El grupo buscaba intervenir ilegalmente en procesos de única instancia.
La condena incluye los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo. La pena también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo período.
Las maniobras incluyeron demoras, archivos, autos inhibitorios, preclusiones y omisión de órdenes de captura. Para la Sala, Bustos aportó su disponibilidad y respaldo institucional como integrante de la Sala de Casación Penal.
Su intervención no dependía de que fuera ponente de los expedientes, porque tenía capacidad para influir en decisiones colegiadas de la corporación. Esa condición amplió el alcance de su responsabilidad dentro de la Sala de Casación Penal.
La sentencia rechazó el argumento de la defensa sobre falta de competencia funcional. El tribunal consideró que lo cuestionable fue la oferta de su dignidad como presidente, al servicio de intereses particulares.
Uno de los episodios involucró al exsenador Álvaro Ashton, que pactó el pago de $1.200.000.000 para obtener el archivo de una indagación por parapolítica. Ashton entregó inicialmente $600.000.000 y la Corte estableció que Bustos recibió al menos $200.000.000 en efectivo en su apartamento, por intermedio de Moreno.
Moreno habría llevado ese dinero por instrucciones de Ricaurte. La finalidad era retrasar el expediente y conseguir un auto inhibitorio en favor del excongresista.
El segundo caso tuvo como protagonista al exsenador Musa Besaile, que habría acordado pagar $2.000.000.000 para aplazar una investigación y evitar la emisión de una orden de captura. Aunque Moreno afirmó inicialmente que Bustos no participó de manera directa, la Sala valoró otros testimonios.
Besaile declaró que Moreno le explicó que una parte del dinero era para mi papá, expresión que luego identificó como referencia al exmagistrado. Conforme a su exposición, Bustos aceptó la suma y respaldó las actuaciones que frenaron el proceso.
La sentencia ratificó que la asociación criminal se formó entre 2012 y 2013 y continuó activa hasta 2017. Ahora, el Estado colombiano deberá avanzar con los pasos para lograr la entrega del condenado desde Canadá.
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