Un proyecto inmobiliario en Colegiales encendió las alarmas de un grupo de vecinos porque, según denuncian, superaría por mucho la altura permitida en una zona protegida.
La obra está en Maure 2817, a pocas cuadras de la Estación Colegiales, y los operarios ya trabajan en el montaje de un obrador.
El desarrollo tendría ocho pisos, 17 departamentos y 1.570 metros cuadrados de superficie construida.
Los vecinos explican que el proyecto tendría más de 25 metros de altura en una zona donde la normativa actual fija una altura máxima de 9 metros, con la posibilidad de sumar un piso retirado y llegar a 12 metros.
Los vecinos citan el Código: “se permitirá alcanzar una altura máxima de 9 metros. A partir de dicha altura podrá admitirse la construcción de un piso retirado, a una distancia de 2 metros desde la L.O.”.
Ese piso retirado puede sumar otros 3 metros de altura, para un total de 12 metros. Según los denunciantes, la diferencia equivale a cuatro pisos menos de los que busca construir la desarrolladora.
La manzana forma parte de la sub zona 2A de la Urbanización Especial U20 “Barrio Nuevo Colegiales”. Allí, el Código Urbanístico prohíbe lo que se conoce como enrase o completamiento de tejido.
Según los denunciantes, la Ciudad autorizó el desarrollo a través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, pese a que el propio Código Urbanístico no admite ese mecanismo en la zona.
La Dirección General de Interpretación Urbanística dio luz verde al enrase solicitado por la empresa. Para los vecinos, esa autorización es el punto central del reclamo porque, en su lectura, contradice la prohibición vigente para la sub zona 2A.
El edificio lindero, que ya existe, fue construido hace más de 50 años, cuando la normativa permitía esas alturas y no reparaba en la preservación de la escala barrial de casas bajas.
El desarrollo, que se puede ver en la web del estudio, forma parte de otros 30 proyectos muy similares en la Ciudad. Los vecinos observan la obra y son observados, mientras los ruidos típicos de la construcción comienzan a invadir la dinámica barrial.
La Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo envió un oficio urgente al Gobierno porteño y al desarrollador Estudio Garrone Arquitectos para pedir la adecuación de la obra.
El Ministerio Público de la Defensa pidió la adecuación de la obra para evitar la judicialización del caso. La Defensoría entiende que la intervención es necesaria por el interés público comprometido y para evitar un dispendio jurisdiccional.
El organismo sostuvo que actuó “en resguardo de la legalidad urbanística” y para evitar el dispendio jurisdiccional que implicaría la judicialización del caso. Consideró que se trata de un ilícito flagrante que vulnera la identidad y el carácter de baja densidad del barrio.
Una vecina describió el impacto inicial: “Por momentos sentía que los martillazos se me metían en la habitación, que iban a partir la pared”. También advirtió sobre la construcción de un subsuelo y la preocupación por los cimientos del edificio existente.
El conflicto se enmarca en el Código Urbanístico de 2018, reformado el año pasado, que introdujo cambios como el aumento de la densidad constructiva, el enrase, el avance de obra hacia el corazón de las manzanas y la mixtura de usos.
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