El mapa tarifario del transporte público argentino muestra una brecha abismal entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. Mientras los porteños y bonaerenses pagan entre $714 y $969 por viajar en colectivo, ciudades del interior cobran hasta $2.625, evidenciando las distorsiones que genera el esquema de subsidios nacional.
Según el relevamiento de mayo de 2026 realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), las tarifas más altas se concentran en ciudades turísticas y medianas del interior. Pinamar encabeza el ranking con $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.500) y Centenario ($2.478).
Esta disparidad no es casualidad: refleja la política de subsidios que mantiene artificialmente bajas las tarifas del AMBA mientras el interior debe autofinanciarse. Las líneas nacionales del AMBA cuestan $714, las porteñas $754 y las bonaerenses $969, ubicándose en el extremo más barato del país junto a Partido de la Costa ($698).
En la franja intermedia aparecen las grandes ciudades del interior: Santa Fe lidera con $1.900, mientras que Córdoba, Rosario y Paraná comparten el valor de $1.720. Mendoza se ubica en el puesto 22 con $1.400.
El problema de fondo es estructural: la Secretaría de Transporte adeuda a las empresas del AMBA $35.000 millones en concepto de "atributo social", lo que ya derivó en reducción de frecuencias que afecta a miles de usuarios. Es el costo de mantener tarifas políticas en lugar de técnicas.
Las recientes actualizaciones tarifarias profundizaron estas distorsiones. Villa Mercedes aplicó el mayor aumento con 17,65%, la provincia de Buenos Aires subió 16,33% y Santa Fe un 10,47%. En contraste, el AMBA nacional apenas aumentó 2% (de $700 a $714), con dos incrementos similares previstos para junio y julio.
Las empresas del sector cuestionan este esquema escalonado, argumentando que los ajustes están por debajo de la inflación y no cubren los costos operativos reales. Mientras tanto, las ciudades del interior deben equilibrar sus sistemas sin el paraguas de subsidios nacionales, trasladando el costo real del servicio a los usuarios.
Esta situación expone una vez más las distorsiones del federalismo fiscal argentino: el AMBA concentra los subsidios mientras el interior paga el precio real del transporte. Una política que, lejos de promover la equidad, profundiza las asimetrías territoriales y genera incentivos perversos en el sistema.
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