La oposición cuestionó el Programa de Ciudadanía por Inversión, anunciado desde París durante la Argentina Week. El Gobierno informó un aporte único de 350 mil dólares o títulos públicos por 800 mil dólares.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron la medida como una herramienta para atraer recursos. La oposición, en cambio, sostiene que el sistema no exige residencia ni una inversión concreta en el país, y lo describe como el plan B para evadir los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Desde Unión por la Patria, la diputada Florencia Carignano calificó de escandaloso que la ciudadanía valga 350 mil dólares sin requerir inversión alguna ni residencia en el territorio. Señaló además que otros países que venden ciudadanía son San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua, Vanuatu y Nauru.
El oficialismo respondió que no se trata de una compra, sino de una inversión para solicitar la ciudadanía, y que no garantiza su obtención. Aseguraron que la reglamentación especificará cuáles serán las residencias válidas para acceder a la solicitud, dentro de las tipificadas: transitoria, temporaria y permanente.
También aclararon que, después de un proceso exhaustivo de evaluación, se deben dar cuenta del origen de los fondos y otros controles antes de decidir si se otorga la nacionalidad. La oposición advierte que no es una habilitación de residencia otorgada bajo compromiso de inversión, algo que existe en la mayoría de las naciones.
Los legisladores y ex ministros del peronismo Agustín Rossi y Kelly Olmos ya presentaron un proyecto de Ley de Prohibición de la Venta de la Ciudadanía Argentina. El texto propone derogar la causal de naturalización por inversión relevante y disolver la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
Ambas figuras fueron creadas por el DNU N° 366/2025. El decreto señala que serán ciudadanos por naturalización los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones, cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país. Agrega que el Ministerio de Economía establecerá qué inversiones serán consideradas relevantes.
Algunos opositores reconocen que no presentaron reclamos cuando se dictó el decreto porque la redacción hablaba de inversión relevante y esperaban que se especificara. Ahora, con la cifra de 350 mil dólares o la adquisición de títulos públicos por 800 mil dólares, sostienen que el cambio salta las restricciones de la Ley de Tierras.
El proyecto opositor también propone prohibir expresamente que cualquier pago, aporte, donación o compra de títulos sustituya la residencia que exige la Constitución Nacional. Además, solicita la remisión de información al Congreso de la Nación Argentina sobre el funcionamiento del programa.
La disputa se instala en el Congreso, donde el oficialismo busca consolidar un instrumento de atracción de capitales y la oposición intenta frenar lo que considera una puerta para que extranjeros compren tierras sin límites. El debate combina ciudadanía, residencia, inversión y propiedad rural.
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