El Gobierno anunció un programa de ciudadanía por inversión para que extranjeros pidan la nacionalidad argentina con un aporte no reembolsable de USD 350.000 o un bono público a tasa cero por USD 800.000.
Las solicitudes comenzarán en el cuarto trimestre de 2026 y deberán superar controles de identidad, antecedentes y origen de los fondos.
La discusión excede los recursos fiscales: están en juego el alcance jurídico, el valor del pasaporte argentino, la seguridad y la situación tributaria de los nuevos ciudadanos.
El cónyuge y los hijos del solicitante principal también podrán tramitarla con aportes adicionales.
Para cónyuges e hijos solteros de 18 a 25 años será USD 100.000; para menores de edad, USD 25.000.
La Ley de Ciudadanía 346, de 1869 y vigente con cambios, ya admite la actividad económica como base para naturalizar a extranjeros.
Entre esos casos figuran una nueva industria, una innovación útil, empresarios o constructores ferroviarios y colonias establecidas con propiedad inmueble.
La diferencia es clave: los supuestos históricos apuntaban a actividades productivas, infraestructura o arraigo patrimonial; el nuevo plan ofrece alternativas financieras.
El Decreto 524/2025 de Milei habilitó que un extranjero con “inversión relevante” solicite la ciudadanía ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
El Ministerio de Economía definirá qué operaciones califican como inversión relevante.
Para Marcelo Elizondo, analista de comercio internacional, es una herramienta adicional para atraer capitales, aunque no cree que cambie por sí sola el volumen de inversiones.
“El bono es una inversión financiera”, dijo a Infobae. El USD 350.000, en cambio, es “un aporte” o “una cesión al Estado”.
El sistema no implica concesión automática: habrá evaluación de los solicitantes, chequeos migratorios y antecedentes. “No es solamente que vengo, pongo plata y me lo llevo”.
Elizondo comparó el plan con programas vigentes en otros países, pero destacó que aquí no exigirá inversión inmobiliaria ni productiva concreta.
También advirtió que la ciudadanía podría tener consecuencias indirectas en actividades con restricciones regulatorias, como la adquisición de tierras.
“Tampoco creo que vamos a tener un aluvión de extranjeros poniendo plata”, afirmó.
El abogado y exembajador en China Diego Guelar consideró válida la idea si hay resguardos suficientes sobre fondos y antecedentes de los postulantes.
“No ser un pasaporte dado por la venta de ciudadanía a cualquiera”, sostuvo.
Guelar puso el foco en la reputación del documento argentino: el atractivo parte del valor del pasaporte y el procedimiento debería evitar una baja en sus estándares.
El anuncio es nacional y, en lo informado, no detalla un destino de los fondos para la Ciudad de Buenos Aires ni para el conurbano.
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